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La funesta herencia de Peña Nieto

Hacer un corte de caja al sexenio de Peña es fundamental para que el nuevo grupo gobernante tome decisiones objetivas

OPINIÓN

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Enrique Peña Nieto sigue siendo el presidente de México y hasta dentro de cuatro meses, el primer minuto del 1 de diciembre, asumirá el cargo Andrés Manuel López Obrador, quien sólo entonces comenzará a conocer, desde dentro del monstruo, la realidad que le heredará el actual grupo gobernante. Ya se conoce parte del legado, que no es grato: la violencia criminal, que en 2017 rompió récord en dos décadas y que se perfila para ser peor todavía al cierre de este año, y la endeble economía con un endeudamiento brutal —más del 46% del PIB—, que potencialmente compromete la viabilidad de los programas sociales de López Obrador. Peña, a su vez, se ufana de encabezar “el sexenio del empleo” —3.3 millones en cinco años y promete 4 millones en su gestión—, y puede haber otros indicadores positivos, como la baja inflación y la inversión extranjera directa. Sin embargo, los anteriores ejemplos sólo conducen a una conclusión: La necesidad de hacer un corte de caja al gobierno de Peña, porque es el punto de partida desde el que se juzgará la administración entrante de López Obrador. El corte de caja incluye el sector energético, reducido deliberadamente a chatarra para el gran negocio de impor?tar gasolinas, con pérdidas en Pemex y la CFE de más de 84 mil millones de pesos sólo en el primer semestre del año. Aunque ya se prevé destinar 38 mil millones de pesos para reconfigurar seis refinerías y construir otra, sólo hasta que el nuevo equipo sectorial, encabezado por Rocío Nalhe, asuma el control podrá conocerse la dimensión del desastre. La propia descentralización de las dependencias del gobierno federal, propuesta por López Obrador, exige actuar con cautela, no sólo por el costo de 126 mil 971 millones de pesos, según un estudio revelado por El Heraldo de México, sino las consecuencias de carácter labora, personal y familiar de los afectados. El corte de caja a que está obligado el grupo gobernante que encabeza López Obrador implica revisar la “amnistía anticipada” que ofreció “al grupo en el poder” hace dos años, el 11 de agosto de 2016, en Acapulco, porque proliferan los indicios de robo de hasta gomas y clips. “Les decimos a los integrantes del grupo en el poder que, a pesar del gran daño que le han causado al pueblo y a la nación, no les guardamos ningún rencor y les aseguramos que, ante su posible derrota, en 2018, no habrá represalias o persecución para nadie. Declaramos esta amnistía anticipada, porque lo que se necesita es justicia, no venganza”, dijo López Obrador hace dos años. Nadie le pide que odie ni que persiga sin motivo, pero sí está obligado a investigar las presunciones de corrupción y sancionar, si es el caso, a los responsables. Esa es la justicia, pero la “amnistía anticipada” parece un simple pacto de impunidad. Por eso, hacer un corte de caja al gobierno de Peña es fundamental hasta para que el nuevo grupo gobernante tome decisiones más objetivas y sea capaz aun de reconsiderar el perdón a los abusos de poder y el saqueo...