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Ricardo Pascoe: Retos de seguridad nacional

OPINIÓN

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Los retos de seguridad nacional —que no seguridad pública— que enfrenta el nuevo gobierno son enormes, complejos y altamente peligrosos. Para empezar se enfrenta un pico en la violencia que azota a toda la nación, producto en gran medida por la presencia de cárteles del narcotráfico profundamente enraizados en la sociedad de determinadas zonas del país. La siembra, cosecha y distribución de enervantes son el sostén económico de miles de comunidades en toda la costa Pacífico mexicano, desde Chiapas hasta el Triángulo Dorado, en el norte. El Golfo de México es parte de la ruta del negocio desde Sudamérica hasta la costa este de Estados Unidos. La violencia vinculada al narcotráfico ha aumentado desde 1994 a la fecha, porque la rentabilidad del negocio ha crecido, disparándose a partir de la entrada en vigor del TLCAN. El libre comercio fue un gran incentivo para que el flujo de drogas del sur al norte se incrementara exponencialmente, junto con el debilitamiento de los controles estatales sobre el país. La seguridad nacional procura identificar amenazas potenciales sobre la población o para la gobernabilidad del país. La seguridad pública busca identificar y contener amenazas criminales al ejercicio de la libertad económica y democrática de los ciudadanos. Son distintos niveles de ejercicio de la gobernabilidad. Enumerar los retos de seguridad nacional no los resuelve, pero ayuda a visualizar el tamaño del problema. Para encarar estos problemas es necesario redefinir constitucionalmente los alcances y límites del federalismo, consolidar la independencia, protección y eficacia del Poder Judicial, coordinar e incrementar la cooperación multilateral entre agencias internacionales afines, transparentar las adquisiciones públicas y la administración del presupuesto público, sacar de la política al dinero del crimen organizado junto con los políticos comprometidos con sus causas, reformar las leyes sobre el fuero constitucional, crear un cuerpo policial nacional único y contar con un sistema nacional de inteligencia profesional, institucional y apartidista. Lo que esto reseña es que la violencia y la criminalidad se sostienen en el vértice de la corrupción del sistema político y económico que rige en nuestro país desde hace muchos años. La complicidad entre Estado y crimen organizado fue diseñada y fomentada como “mecanismo de control y regulación” desde los años mozos del régimen posrevolucionario. Los años negros de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas son los cuándo se sentaron las bases de lo que hoy acontece en materia de actividad y dominancia del crimen organizado. En esos años el Estado perdió su control sobre los cárteles y éstos se liberaron de su sumisión a los dictados de los funcionarios federales encargados de la seguridad. A partir de ese momento, que coincidió con la entrada en vigor del TLCAN, el crimen organizado se convirtió en un Estado fantasma y alternativo al Estado constitucionalmente constituido. Ese Estado fantasma del narcotráfico tiene recursos propios, una base social de apoyo para la siembra, cosecha, distribución y trasiego de los enervantes; poderío de fuego capaz de enfrentar con igual potencia a las Fuerzas Armadas y una presencia y legitimidad cultural notable entre los jóvenes. Por todas estas razones el crimen organizado es el problema de seguridad nacional número uno. La comprensión del problema, incluyendo la capacidad de distinguir entre seguridad nacional y seguridad pública, hoy se hace particularmente urgente. Para poder distinguirlos en términos conceptuales, operacionales y de necesidades infraestructurales y de equipamiento se requiere de un sistema de inteligencia bien adaptado a las nuevas condiciones del mundo moderno. Vicente Fox denunció al Cisen como un sistema de espionaje de partido y como Presidente lo desmontó, creando un vacío de información veraz durante tres años. Fue un grave error haber hecho la reforma así. El crimen organizado creció muchísimo durante su sexenio por la ingenuidad del nuevo gobierno. Peña prometió una nueva estrategia, creando la Gendarmería y retirando a las Fuerzas Armadas de las tareas de combate. ¿El resultado? Termina su sexenio con los mayores índices de violencia en la historia de México en tiempos de paz. Sería un grave error repetir decisiones que tomaron Fox y Peña. Desaparecer el sistema de inteligencia y retirar las Fuerzas Armadas del combate al narcotráfico sin un sustituto viable, ha tenido el efecto concreto de incrementar la violencia y de facilitar el control del crimen organizado sobre importantes zonas del país. Es muy posible que hoy, en atención al proceso electoral reciente y por las formas en que se reclutaron algunos candidatos a diputados y senadores, que tengamos la primera bancada de narco-legisladores en la historia del país. De ser así, confirmaría lo que muchas agencias internacionales han advertido: el dinero oscuro del narco ha influenciado grandemente a las campañas y sus resultados. Éste es un problema de seguridad nacional.