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La falacia del tope salarial

Reducir sueldos a funcionarios requiere no sólo tener esa buena intención, también reformar la ley

OPINIÓN

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Poner fin a los privilegios de la alta burocracia quizá sea una de las más aplaudidas medidas que está tomando el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.   Sin embargo, que se haga realidad en el grueso del entramado nominal es otra historia, pues la medida anunciada es apenas una sugerencia que no aplicará a los funcionarios del servicio público que se mantengan vigentes (vaya, no es retroactiva) y muchos, más que acatarla, podrán atacarla jurídicamente.   El caso, para decirlo más claramente, no es nuevo. Hay antecedentes que marcan que este anuncio puede significar únicamente una buena intención, la cual exhibirá a quienes pretendan revertir con la ley esta medida, y no una norma de gobierno, pues no hay forma de exigirla al Poder Judicial, por ejemplo.   Hace 19 años, en 1999, se reformó el artículo 127 de la Constitución y se estableció que ningún funcionario público podría ganar más que el presidente, situación salarial que sólo ocurría en el Poder Judicial.   La reforma comenzó a correr hasta 11 años después, en enero de 2010, y en febrero, el ministro Jorge Pardo Rebolledo, en sesión privada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el cambio constitucional sólo aplicaría a los nuevos ministros, pues no podría ser retroactiva.   Jorge Mario Pardo Rebolledo fue ese nuevo ministro, quien entró después de enero de 2010, por lo cual su sueldo se fijó en función de ello. Junto con él, siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también conservaron su sueldo, por haber entrado antes de enero de 2010.   Aquella Legislatura del Congreso debió expedir, además, una ley reglamentaria al artículo 127 constitucional y tenía 180 días para hacerlo, lo cual no ocurrió, y el anunció quedó en letra muerta.   La norma austera recién anunciada no aplicará a la gran mayoría de los miembros del Poder Judicial, en tanto no se renueven, y para que no quede en una medida efectista que sólo exhiba a los funcionarios que hayan estado activos previo a la disposición y quienes, motu proprio, no se sumen voluntariamente a la medida, AMLO deberá enviar una iniciativa de ley reglamentaria a ese artículo, para que su bancada en el Congreso la apruebe, pues su poderosa coalición legislativa puede hacer el cambio por sí sola, ya que le basta con su mayoría simple.