Desde hace varios años Europa está viviendo una fuerte presión migratoria. La guerra civil en Siria originó los desplazamientos de cientos de miles de refugiados a la Unión Europea. Al mismo tiempo, los países africanos siguen expulsando a los emigrantes económicos que buscan una mejor vida en el continente europeo. En este contexto, el tema mi1gratorio ha provocado grandes tensiones y ha producido decisiones políticas que suscitan enormes controversias. Aquí algunas de ellas.
El parlamento de Hungría decidió recientemente que ninguna población extranjera —con la excepción de los ciudadanos de la Unión Europea— podrá establecerse en Hungría. Asimismo, se penalizará con un año de cárcel a los que ayuden a los inmigrantes ilegales en el territorio húngaro. El nuevo gobierno italiano que ganó las elecciones sobre la base de un discurso contra los inmigrantes, rechazó recibir en sus puertos a más de seiscientos africanos del barco Aquarius. Sólo la decisión del recientemente estrenado presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de darles la acogida por razones humanitarias salvó a cientos de personas de una agonía segura en las aguas del Mediterráneo.
España y Hungría representan hoy dos modelos incompatibles de las políticas migratorias que los miembros de la Unión Europea están implementando en sus territorios. No obstante, hay que reconocer también que existe una tendencia general en todos los países europeos a endurecer las medidas antimigratorias. Es la respuesta al descontento de los ciudadanos europeos por la llegada masiva de los inmigrantes.
Las encuestas realizadas por la Comisión Europea en 2017 indican que la inmigración es la preocupación más importante de los ciudadanos en siete países de la UE: Estonia (62%), Hungría (60%), Dinamarca (56%), Países Bajos (51%), Suecia (45%), Alemania (40%) y en Austria (34%). En los demás ocupa el segundo lugar, después de la amenaza terrorista. Frente a ello, la Unión Europea ha encontrado grandes dificultades para generar soluciones viables. Incluso la canciller Angela Merkel —la defensora de una política generosa hacia los refugiados— tuvo que claudicar para preservar su frágil gobierno de coalición.
En la Cumbre Europea celebrada en Bruselas se decidió dejar atrás la política de la distribución obligatoria de los inmigrantes por cuotas. Se acordó establecer los centros de control —probablemente en Grecia, España e Italia— para separar a los refugiados de los inmigrantes económicos. Éstos últimos serán deportados a sus países de origen. Además, con los recursos económicos que la UE destinará a la cooperación con los países vecinos, se construirán en África del Norte los centros de acogida para inmigrantes interceptados en el Mediterráneo.
Todo parece indicar que a partir de ahora Europa aplicará con mayor rigor la receta de solucionar el problema de los inmigrantes antes de que ellos lleguen a sus fronteras.