Ya sabemos que las elecciones del próximo 1 de julio serán las más grandes en la historia de México.
Ese día se elegirán 3 mil 406 cargos públicos y, además de los puestos federales, habrá simultáneamente 30 elecciones locales. Mientras se desarrollan las campañas, los candidatos ya perfilan cómo será su operación en tierra para movilizar a los votantes y cuidar el voto.
Para ello ya se las ingenian en conseguir dinero en efectivo, en algunos casos del partido y la mayoría de desvíos desde dependencias públicas, a juzgar por historias periodísticas que lo han documentado.
Pero en esta historia hay un tercer actor vital, además de quienes participan y el Instituto Nacional Electoral, que organiza la votación.
Esta figura externa es la del observador electoral, é st as son las organizaciones que vigilarán distintos aspectos que convaliden la elección como una sin fraudes. Aquí está la paradoja.
En México existe desde los años 90 un Fondo de Apoyo a la Observación Electoral, que permite a las organizaciones civiles acceder a dinero para vigilar distintos aspectos de las campañas y las votaciones.
De acuerdo con cifras oficiales analizadas por el proyecto Democracia sin pobreza , de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en 1994, este fondo inició en 4.7 millones de dólares y 251 organizaciones fueron acreditadas como observadores.
Este año el fondo tendrá apenas 1.5 millones y sólo 29 organizaciones trabajarán en la vigilancia directa de la jornada electoral. El Comité Técnico del Fondo, administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, eligió 29 proyectos entre 174 propuestas.
Los ganadores se centrarán en temas muy variados, desde la vigilancia de equidad y violencia de género en la elección, voto joven, indígena, propaganda sustentable, capacitación de funcionarios, voto de los mexicanos en el extranjero, justicia electoral.
Sólo un puñado de proyectos ganadores estarán mirando en el uso del dinero. Uno de éstos buscará vigilar el condicionamiento de programas sociales a cambio del voto; otro será #TeEstamosViendo, del Instituto Mexicano para la Competitividad, que va a monitorear gastos no reportados en propaganda electoral.
El proyecto de Alianza Cívica es el único que se presenta explícitamente como uno enfocado a detectar compra de votos. Se centrarán en cinco estados con altos índices de pobreza: Chiapas, Morelos, Puebla, Estado de México y Veracruz.
Lo harán mediante una serie de cruces in - formativos y sistematización de denuncias ciudadanas, algo que suena muy bien, excepto porque no parece que tendrán mucha compañía.
Resulta preocupante que en un país donde se elegirán más de 3 mil cargos, casi nadie desde la sociedad tendrá dinero suficiente para mirar el dinero. Después pasa lo que ya sabemos: una empresita por acá, unas tarjetas de casa en casa. Al final, un Tribunal que valida esos números tan extraños que nadie estaba mirando.