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Chihuahua en llamas y Corral... en el golf

OPINIÓN

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Mordida de lengua se dio el panista gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien apenas en febrero pasado impugnó ante la Suprema Corte la Ley de Seguridad Interior y ahora pide a gritos el regreso de los militares a la entidad para combatir la inseguridad que él mismo se encargó de elevar. Desde el lunes, su fiscal César Augusto Peniche solicitó a la Sedena reactivar los operativos, de entrada, en Ciudad Juárez, en la capital del estado y en Parral. Y es que Corral, en honor a la verdad, echó a perder el plan que había logrado disminuir los índices delictivos en la entidad, lo cual se puede apreciar en las cifras anuales de homicidios dolosos: en 2013 fueron mil 443 casos, en 2014 se registraron mil 86, bajó a 945 en el 2015 y en 2016, cuando Corral asume el gobierno, volvieron a subir a mil 232; y para 2017 se elevaron a mil 556. Todavía el fin de semana pasado ocho personas fueron asesinadas. Una de las víctimas era Liliana García, candidata del PRD a regidora de Zaragoza; y otra era el dirigente del PES estatal, Eduardo Aragón Caraveo. Mientras eso ocurría, Corral jugaba golf en el hoyo dos del San Francisco Country Club, en el municipio de Zaragoza. Por supuesto, Corral no come lumbre y por eso prefiere tragarse su palabrería para que el Ejército le cuide el estado.   *** Nuevo desfalcó por parte de la administración de Roberto Borge, en Quintana Roo, fue denunciado por el actual gobierno de Carlos Joaquín González. Esta vez por 784.4 millones de pesos que desapareció Jorge Acevedo Marín, quien fue titular del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, junto con su subdirector, Gerardo Vázquez Handall, entre 2015 y 2016. Es decir, aplicaron año de Hidalgo, según detectó la Auditoría Superior del Estado, por lo que la Fiscalía General del Estado interpuso dos denuncias contra el vocero y su subdirector. Lo curioso del asunto es que el dinero desaparecido lo había entregado la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), encabezada por Rosario Robles, y la Auditoría concluyó que no se pudo comprobar su manejo “porque después de las investigaciones se desconocían los servicios prestados o la inexistencia de los mismos”. La cosa no queda ahí, toda vez que se presume que la operación forma parte de la llamada “Estafa Maestra”, por lo que ya también se persigue en el ámbito federal, pues la Auditoria Superior de la Federación lo detectó y la PGR ya cuenta con las denuncias correspondientes. Y se sabe que los presuntos responsables hicieron todo por desaparecer, además del dinero, los respaldos documentales, pues hasta los discos duros se llevaron. Un vil saqueo, pues.