La violencia hacia los periodistas en México ha aumentado sus cifras a través de la última década; durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa perdieron la vida 48 periodistas; mientras que en la gestión de Enrique Peña Nieto han sido asesinados 44, en ataques a la libertad de expresión vinculados con la actividad periodística.
En lo que va de 2018 han disminuido, en contraste, los ataques a periodistas. Al mes de marzo han sido muertos dos comunicadores, cuando a estas alturas de 2017 ya se registraban cuatro muertes.
El tema relevante es que por varios años el gremio periodístico ha alzado la voz cada que muere un periodista, sin embargo pocas veces nos hemos preocupado por ser parte del problema y buscar vías de solución, como ha sucedido en el último año, a partir del estudio y análisis del marco legal, y de las condiciones en que se ejerce la profesión en los distintos estados de la República.
A partir de febrero de 2017, varias organizaciones, entre las que destacan la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, la Asociación Nacional de Locutores de México, la Academia Mexicana de Comunicadores y Periodistas, el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, entre otros; hemos promovido reuniones con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, con la Fiscalía Especializada para Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el fin de participar en el análisis de la problemática, así como en las condiciones legales y reales en las que se ejerce el periodismo, lo que se ha traducido en una disminución en los ataques a quienes ejercen este oficio, pese a los pronósticos de organismos internacionales que señalaban a 2018 como el que sería el año más violento contra los periodistas en nuestro país.
No debemos cantar victoria ni ver con satisfacción esta disminución, máxime cuando cada día crece la violencia, las ejecuciones y las muertes de civiles en nuestro país. Simplemente es conveniente dejar al descubierto que cuando nos ocupamos de la problemática, se observan avances y resultados, más que cuando nos dedicamos a sólo señalar y alzar la voz.
El papel que juegan los periodistas y medios de comunicación en este 2018 inmersos en un complejo proceso electoral, hace necesario mantener la unidad del gremio y fortalecer las acciones para impulsar un marco legal que contemple un mecanismo de protección a periodistas preventivo y no reactivo; así como una Ley de Protección a Periodistas, la autonomía de la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Libertad de Expresión, y la instrumentación y operación de mecanismos de protección a Periodistas y Fiscalías Especializadas, en los 32 estados de la República.
Ejercer el Periodismo en México no deberá ser peligroso, en la medida en que quienes lo ejercen, se conduzcan con objetividad, ética y prontitud, en los procesos de informar a la sociedad.