El pasado 3 de abril esta columnista recibió una carta de parte del área de Comunicación de la Procuraduría Federal del Consumidor, con el objetivo de aclarar diversos puntos con respecto a la publicación del aumento que tuvo el costo de los hologramas para verificación de básculas, bombas de gasolina y taxímetros, incremento que se dio previa autorización de la SHCP y el aval de la Secretaría de Economía, de Ildefonso Guajardo.
No obstante, las Unidades de Verificación Acreditadas (UVAS) que compran estos hologramas a través de un tercero, no recibieron aviso o notificación previa ni oportuna de parte de la propia Profeco, lo que sorprendió al sector, a los comerciantes y a los consumidores que finalmente seremos quienes absorberemos esta alza.
Cabe destacar que entre 2012 y 2017 la tarifa por venta del holograma fue de 61.48 pesos, y con el incremento ahora cuestan 75.40 pesos. Lo que tampoco nos aclaran en la carta es cuánto les cuesta a ellos, sin embargo, estimaciones de expertos en el mercado aseguran que el margen de ganancia de los 850 mil hologramas que se venden en el año sería superior a 50 millones de pesos.
En el documento, nos piden aclarar que la Profeco no recibe dinero en efectivo por concepto de la venta de estos hologramas; sin embargo, esta información no se tocó en la publicación, como dice el dicho, a explicaciones no pedidas ¿culpas evidentes? Tal vez valdría la pena explicar el destino de estos fondos, así como si ya están contemplados en el presupuesto anual del organismo, o son ingresos extras, bienvenida la transparencia.
Asimismo, llamó la atención la manera en que el Procurador Rogelio Cerda Pérez, arremetió a golpes en contra de dos jóvenes representantes de las Unidades de Verificación, quienes eran miembros de la Asociación Mexicana de Metrología, y realizaban una manifestación pacífica a las afueras de la institución.