Preocupantes, muy preocupantes las declaraciones del Procurador Fiscal de la Federación, Max Alberto Diener, quien informó a los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, que las acciones que han instrumentado diversas dependencias para combatir a los “huachicoleros” han sido un completo fracaso; en sólo un par de años el número de tomas clandestinas casi se duplicó, al pasar de 5 mil en 2015 a 9 mil al cierre del año pasado, documentó.
¿Y la comisión que se creó el año pasado para combatir a los “ordeñadores de ductos”? Preguntan los ingenuos. ¡Pues como la mayoría de las comisiones para resolver asuntos importantes, no ha funcionado! Acotan los observadores. Bueno, el Procurador Fiscal explicó la causa principal del fracaso: “El “efecto cucaracha”, que nos trae mareados, quiso decir. ¡Más bien apendejados! Señalan los especialistas. "No estábamos teniendo una estrategia contundente, debido a ese efecto; además, judicializar el tema no ayudó a enfrentar al crimen porque lo único que hicimos fue que usaran otras estrategias", reconoció el funcionario. Pues que utilicen “baygón, “H-24”, gis chino, o un insecticida más potente para exterminar esa plaga, sugieren los especialistas en la materia.
Señores funcionarios, “no le hagan al ensarapado”, si quieren combatir en serio ese flagelo, lo primero que tienen que hacer es identificar a los líderes de las secciones sindicales, a los gobernadores, presidentes municipales, funcionarios y empleados de Pemex que participan en ese negociazo, han sugerido desde hace años quienes conocen el “modus operandi”, y a quienes nunca “pelan”.
Para quienes lo hayan olvidado, en mayo del año pasado se anunció la creación de la comisión “antihuachicoleros”, luego de un enfrentamiento de ejercito con un grupo de “ordeñadores” en Puebla; fue integrada por funcionarios de varias dependencias (Hacienda, PGR, Pemex, Defensa, Marina, el SAT, la Comisión Nacional de Seguridad y el CISEN), y su objetivo era combatir ese ilícito en Puebla, Veracruz, Guanajuato, Tamaulipas y otros estados de la República.
AGENDA PREVIA
Como balde de agua helada le cayó al gobernador chihuahueño, perdón, chihuahuense, Javier Corral, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional la remoción del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua, decretada en noviembre del 2016 por el mandatario estatal. El pleno de la Corte resolvió que la remoción del magistrado Gabriel Sepúlveda, violó el principio de división de poderes. Los ministros coincidieron en que la elección del presidente del TSJ corresponde únicamente al Poder Judicial y no puede ser afectada por los otros poderes. Lo paradójico de este penoso asunto, es que el gobernador Corral, férreo opositor al nombramiento del “fiscal carnal”, haya impuesto a su “carnalito” Julio César Jiménez Castro como presidente del TSJ de Chihuahua para un periodo de tres años (hasta 2019). Algunos observadores políticos de la entidad cuestionan al “gober” por su incapacidad política para solucionar los graves problemas de inseguridad, violencia, narcotráfico, desempleo que han resurgido en varias ciudades. Eso sí, ladra mucho, perdón, habla mucho, pero resuelve poco, agregan aquéllos.