Pretextos para no informar

Para nadie es un secreto que José Antonio Meade es el candidato partidista con la mayor desventaja de los otros dos. A Margarita Zavala no le menciono porque ella no es candidata de algún partido o coalición. Meade tendrá que seguir cargando con el enorme desprestigio del PRI. Fue elegido candidato contra toda la ortodoxia priísta y sin ser militante del partido. Sin duda, es el personaje más incómodo para Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya de quienes pretendían ser el abanderado del PRI a la presidencia. Las razones son simples, ha sido un funcionario público eficiente, secretario de estado en dos gobiernos federales -uno panista y otro priísta- y sin mancha de corrupción en su historial. Claro, usted me dirá que eso no es cierto, porque en la guerra sucia electoral lo acusan de haber permitido el desfalco de 500 millones de pesos cuando estuvo al frente de la secretaría de desarrollo social. Hace unas horas le descubrieron que no ha presentado su declaración 3 de 3, un error de su equipo, sin duda, pero esa omisión no lo hace un corrupto. Aún así, Meade es el único candidato que ha retado a sus contrincantes a un exponer públicamente su patrimonio personal y familiar. Por eso me llama la atención que se nieguen a debatir. Entiendo la lógica de que el puntero en las encuestas (López Obrador) no acepte el reto cuando tiene una cómoda ventaja. En cambio, no entiendo a Ricardo Anaya, quien ha sido duramente cuestionado sobre su honestidad y la forma en que, a sus 39 años, se ha hecho millonario junto con su familia política. Menos comprendo cómo ambos desperdician la oportunidad de evidenciar públicamente al candidato más débil -en teoría- acerca de lo que presume como su mayor fortaleza, que es, precisamente, su honorabilidad. Si tuviera pruebas de que José Antonio Meade fue tapadera de actos de corrupción cuando estuvo en Sedesol, Anaya debería ser el más interesado en exhibirlo públicamente para sacarlo de combate y consolidarse definitivamente en el segundo lugar de la carrera presidencial. ¿Por qué no lo hace? Pero más allá de las estrategias políticas, ¿usted y yo, todos los electores, no tenemos el derecho de conocer a fondo a los candidatos? ¿No debería ser el debate público de las ideas, los valores, las trayectorias y la historia personal de los candidatos parte de la información esencial para emitir un voto más responsable y razonado? Está claro que nuestra cultura política, ni nuestra legislación electoral, contemplan a los debates como parte fundamental del ejercicio de votar y ser votado. Ya perdimos mucho tiempo, no estaría mal comenzar ya a considerarlo, a pesar de las resistencias de los partidos políticos.