¿Todos podemos opinar sobre las candidaturas e intervenir en el proceso electoral? Estos han sido días en los que precisamente eso ha estado en discusión. Dos casos claros lo ponen sobre la mesa, por razones distintas. Uno de ellos es el que pone la atención sobre el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, que admitió haber pactado con el crimen organizado, específicamente con integrantes del narco en el muy violento estado de Guerrero, para pedirles evitar asesinatos de candidatos y religiosos. Y para dejar que el proceso electoral se desarrolle en libertad.
El sacerdote dijo haberse reunido con un “alto capo de la droga”. ¿Puede alguien reunirse con un delincuente y no dar parte a la justicia? ¿Que los ciudadanos no están obligados a informar sobre el paradero de un criminal buscado? Y… ¿puede un cura intervenir en asuntos de la política nacional? No, en los dos casos. Pero.. ¿estaba interviniendo en realidad? Son preguntas que pudieran tener una respuesta clara. Pero esto es México, ya sabes… el país se retuerce en una espiral en que la todo parece estar delimitado por líneas siempre difusas, sobre todo cuando de legalidad se trata.
El segundo caso tiene que ver con el spot de campaña en el que aparece el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, expresando su apoyo por el candidato presidencial Ricardo Anaya. El PRI y MORENA pidieron que el anuncio se “bajara”, pero la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral determinó por unanimidad que el anuncio siguiera al aire. O sea, los funcionarios de gobierno pueden participar de spots de campaña. ¿En serio? ¿Quiénes pueden y quiénes no? ¿Si puede un gobernador, también puede el presidente? ¿Qué dirían si vieran a Enrique Peña Nieto en un anuncio hablando maravillas de José Antonio Meade? ¿Es una cuestión de jerarquías? ¿A ustedes les parece apropiado? La discusión no es nueva. Ya en la pasada elección presidencial, cuando la Ciudad de México era gobernada por Marcelo Ebrard y éste salía en un spot a favor de Andrés Manuel López Obrador, se determinó que no existía ninguna restricción legal que lo impidiera.
En otras partes del mundo los funcionarios tienen permitido participar de las campañas electorales. A veces no sólo a favor de los demás, sino del suyo propio. Tal es el caso de las naciones que contemplan la reelección. El presidente sólo se retira de su cargo mientras disfruta de una licencia, pero, todos sabemos, en los hechos, sigue al frente de su país.
¿Será que tenemos una ley electoral que no sólo es imperfecta, sino además bastante cínica? ¿Será que tenemos los políticos que nos merecemos, a fuerza de habernos hecho a un lado durante tanto tiempo de nuestras obligaciones y derechos ciudadanos? ¿Será que sólo somos víctimas de un sistema perverso, o también nosotros, apáticos, abonamos el desastre democrático en el que nos sumimos como nación? Habrá quien diga que esto no es un desastre en absoluto. Y que la democracia, en un sistema siempre en evolución. Así de sencillo.