Industria Aeroespacial y Políticas de Estado

Esta semana se llevará a cabo en Chile la Feria Internacional Del Aire y el Espacio (FIDAE), un evento bianual organizado por la Fuerza Aérea de Chile (FaCh) y que tiene como objetivo concentrar a la comunidad internacional de compañías de Defensa y Aeroespaciales interesadas en el mercado latinoamericano. Ejecutivos de más de 380 compañías de alrededor del mundo acuden para  reunirse con posibles clientes –tanto públicos como privados- en Santiago. Éste es un evento que la FaCh lleva a cabo desde 1980, como testamento de una Política de Estado que ha tenido la estrategia de promover el sector aeroespacial y de alta tecnología de su país. Con el tiempo, FIDAE se ha convertido en el espacio más serio para promover los negocios de y hacia la región. Es muy interesante ver cómo se congregan representantes de los principales países comerciantes de equipo militar y aeroespacial del mundo. Esto incluye a los proveedores tradicionales de la región, como Estados Unidos (con 97 compañías presentes), Brasil (44),  Rusia (24), Alemania (20),  España (20), Francia (18), Italia (17) e Israel (8), así como los no tradicionales como Bielorrusia (1), China (5) y Ucrania (3) y una nueva categoría de proveedores “emergentes”, que incluyen a Colombia (3), Corea del Sur (8), Perú (3), Singapur (2) y Turquía (3), entre otros. Estos últimos son de particular interés pues son países cuyos avances tecnológicos en la última década los ha transformado de importadores y maquiladores a exportadores de tecnología de punta. Estos “nuevos participantes” se convierten en futuros líderes del sector. Esta evolución ha sido gracias a atinadas políticas públicas que ligan las adquisiciones militares con el desarrollo nacional y convierten el gasto público en inversión. ¿Cómo es este proceso que parece tan complicado?  Pues en términos llanos se le solicita al proveedor –mediante una serie de reglas desarrolladas y actualizadas por la nación compradora- que realice inversiones en el país por entre 50% y hasta 100% del valor del contrato durante un periodo de tiempo que por lo general va de tres a 10 años. Esto lleva a que compañías internacionales crean asociaciones con empresas locales o bien establezcan subsidiarias en el país comprador, para ofrecer productos y servicios ya sean directos o indirectos.  Implementar estas políticas en países con niveles bajos de industrialización o con poca mano de obra calificada es una pesadilla y por lo tanto significan un alto costo (que por lo general es reflejado en el precio de venta final), pero en el caso de un país como México, contar con políticas similares sería una verdadera mina de oro para el desarrollo económico. Por cierto, ninguna empresa mexicana está registrada para participar en FIDAE. En México estuvimos muy cerca de emprender esta evolución. En los últimos 10 años, el Gobierno Federal elaboró un proyecto similar, que de haberse implementado habría llevado a un impulso significativo de la industria aeroespacial y de alta tecnología. Sin embargo, “presiones internas” llevaron a que se descartara, bajo el argumento (altamente sospechoso) de que este tipo de prácticas simplemente elevan el precio final de los activos.  Por “activos” me refiero específicamente a aviones y helicópteros adquiridos por el gobierno federal para empleo de las Fuerzas Armadas. Este tipo de mecanismos sí incurren en un costo adicional marginal, pero también requieren de elevados niveles de transparencia para ser realmente efectivos y tomados en serio por los oferentes. A partir de 2015, la Secretaria de la Defensa Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) comenzaron a impulsar al sector aeroespacial mexicano mediante una feria (también bianual) denominada Feria Aeroespacial Mexicana (FAMEX). Utilizando como sede la Base Aérea Militar No.1 (BAM-1), FAMEX creció rápidamente para incluir a más de 500 empresas del ramo para su (segunda) edición en 2017 –lo que evidencia el gran interés internacional por el potencial de la industria aeroespacial mexicana. La tercera edición de FAMEX está programada para llevarse a cabo en la BAM-1 del 24 al 27 de abril de 2019. Para entonces habrá una nueva administración en funciones que estará “cuajando” sus planes y proyectos de inversión para el sexenio 2018-2024. Vale la pena que la siguiente administración contemple si quiere que México continúe siendo comprador y maquilador, o si quiere impulsar una política de Estado, para ser líder.