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Escupir para arriba

OPINIÓN

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El Senado de la República finalmente aprobó, sin cambio alguno, la nueva Ley de Comunicación Social orientada a regular el dinero público que entidades gubernamentales invierten por espacios publicitarios y de propaganda en los medios de comunicación tradicionales y electrónicos.   El octavo párrafo del artículo 134 constitucional, plantea los objetivos de información, educación y orientación de la propaganda y establece claramente que no será utilizada para la promoción de ningún servidor público.   La nueva ley busca que la inversión de entidades de gobierno en los medios de comunicación sea, como lo indica el mismo artículo 134, administrada con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; es decir que deje de ser un vergonzoso soborno a medios y periodistas para dictar línea editorial, a ser una transparente vía de inversión como sucede con cualquier publicidad de entidades privadas. Hay discrepancias entre los legisladores: que si no están contempladas sanciones a quien rebase los límites de inversión; que si violenta la certeza de libertad de expresión e información; que es un exceso que la Secretaría de Gobernación regule los recursos; que no hay cambio en la fiscalización del dinero el cual seguirá siendo auditado por la Secretaría de la Función Pública.   Ante estas discrepancias hay voces que piden al ejecutivo vetar la nueva ley, opción que se antoja casi imposible ya que esta ley surge en cumplimiento a una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia que establece como plazo máximo el 30 de abril. Despectivamente se le ha nombrado a la Ley General de Comunicación Social como “Ley Chayote” en recuerdo, dice la leyenda urbana, de aquellos periodistas y dueños de medios de comunicación que acudían a Los Pinos en tiempos de Gustavo Diaz Ordaz para recibir un soborno y así hablar bien del gobierno.   Cuentan que en los jardines de la casa presidencial había árboles de chayote, fruto entregado a los líderes de medios junto con su respectivo pago. He leído a más de un colega indignado con la nueva ley o bien en tono de burla curándose en salud. Sin embargo, no reconocen que todos los medios de comunicación operan con publicidad privada y gubernamental para pagar los sueldos de sus trabajadores.   Con esta ley se busca hacer transparente este flujo de recursos que siempre ha existido. Hasta este momento leo críticas y burlas, pero no he visto a un solo periodista que, en ejercicio de su objeción de consciencia, se retire de algún medio de comunicación que reciba inversión gubernamental. Por eso no hay que escupir para arriba.   Corazón que sí siente   Propuesta para el Instituto Nacional Electoral. Programen a las 19 horas el debate presidencial del domingo 20 de mayo. El lunes millones de familias van a la escuela y a sus trabajos. Dejemos de tenerle miedo al futbol, creo que ya sabemos nuestras responsabilidades.