Primero. Es necesario dar vida a una Fiscalía General independiente tanto del Presidente de la República como de la partidocracia, mediante el incremento de requisitos para ser fiscal general que incluya un examen de control de confianza independiente y que se examine entorno social, examen toxicológico, polígrafo y eyedetect. Del universo de quienes hayan pasado esas pruebas, además, por supuesto, de los requisitos de idoneidad profesional, el nombramiento debe hacerse por insaculación para minimizar al máximo la injerencia partidista
Segundo. En los países de América Latina desde hace varios años cuentan con una Fiscalía General independiente. Los procesos judiciales al presidente de Guatemala y a la presidenta y ex presidente en Brasil se explican por su diseño institucional. En México, por el contrario, del conflicto de interés (una de las formas de corrupción) surge el Procurador General de la República al ser juez y parte.
Tercero. Es de preocupar que Andrés Manuel López Obrador haya propuesto, como se hizo público en el pasado debate por Ricardo Anaya, lo que no negó, su propuesta de mantener con cambios de forma el diseño actual con una Fiscalía General nombrada por el Presidente.
Cuarto. La eliminación del fuero es un paso positivo si se legisla de tal suerte que, por un lado, se reduzca sustancialmente la impunidad y, por otro, se permita el funcionamiento de las instituciones, en especial la Presidencia de la República. Un camino para lograr lo anterior reside en que sólo se pueda juzgar al presidente cuando haya elementos mínimos definidos por un juez federal como un requisito de procedencia, de tal modo que se dejen fuera las denuncias o demandas frívolas y notoriamente improcedentes, pero se asegure que no se libre al presidente de demandas y denuncias que eventualmente puedan traducirse en condenas.
Quinto. La Auditoría Superior de la Federación debe convertirse en un órgano independiente con atribuciones ex ante y ex post y facultades para sancionar. Hoy, la Auditoría depende de una comisión de la Cámara de Diputados; es decir, de la partidocracia. En AL todos los países cuentan con una Fiscalía General (con diversos nombres). Las Fiscalías generales que mayores atribuciones tienen son: Belice, Chile, y Guatemala. El 59% de las Fiscalías en América Latina tienen además facultades sancionatorias de diverso tipo.
Sexto. Se debe reformar el Código Penal y las leyes de responsabilidad, de modo que las causales de ilícito o los tipos penales no prescriban por el paso del tiempo. Agradezco a Franco Carreño y a Alfredo González, directivos de El Heraldo de México, su hospitalidad editorial y aquí tendré una cita con ustedes todas las semanas.