Los límites del presidencialismo latinoamericano

La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski como presidente de Perú evitó que el Parlamento votara su vacancia (cese) por “incapacidad moral”. Dilma Rousseff, tras un juicio político (impeachment), fue apartada por “crímenes de responsabilidad”. En 2012, el presidente paraguayo Fernando Lugo fue destituido por “mal desempeño en sus funciones”. En los tres casos el Parlamento, de acuerdo con la Constitución, adoptó drásticas medidas, al punto que se habló de “golpes parlamentarios”. Se dice que la incapacidad moral no es aplicable a Kuczynski. Que Rousseff no es corrupta y que las acusaciones de artificios contables no son comparables a las de los implicados en el Lavajato. O que Lugo no pudo ejercer su defensa por la rapidez de la maniobra opositora. Estos razonables argumentos chocan con la rigidez de la ley y la voluntad del parlamento. Cada vez que un Presidente es amenazado por el Legislativo, afloran diversas cuestiones como la legitimidad de cada uno o la capacidad de remover al otro. Superados los golpes militares de los años 60 y 70 y la etapa de las transiciones a la democracia, los “golpes de calle” forzaron la retirada de algunos presidentes. Su apogeo se dio en el tránsito del siglo XX al XXI con movilizaciones populares que agudizaban la lucha política, como en Ecuador y Bolivia. La renuncia de Fernando de la Rúa en 2001 la provocaron el “que se vayan todos” y el corralito. Néstor Kirchner, Evo Morales y Rafael Correa ganaron la presidencia, elecciones democráticas, tras semejantes procesos traumáticos. Si bien estas iniciativas parlamentarias tienen mucho de arbitrario, habría que saber si se ajustan a la ley y al normal juego de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. En América Latina los fuertes sistemas presidencialistas acaban subordinando al Congreso en más de una ocasión. En la transición emergió la discusión presidencialismo/parlamentarismo iniciada por Juan Linz, Alfred Stepan y Guillermo O´Donnell. Pese a las ventajas entonces apuntadas, como impedir o limitar los golpes de Estado, el poder presidencial se impuso. Cuando el Presidente se enfrenta al Congreso suele sacar a relucir su legitimidad de origen, el elevado número de votos que obtuvo (más del 50% si fue elegido en segunda vuelta). Pero se olvida de que los parlamentarios fueron electos por los mismos ciudadanos que eligieron al primer mandatario y que tienen su misma legitimidad. Antes de satanizar las iniciativas parlamentarias que acaban con ciertas carreras presidenciales, sería bueno aclarar si es preferible que las instituciones funcionen, aunque con dificultades, o volver a los golpes militares o a los “golpes de calle”. A la actual situación hemos llegado por el descrédito de la democracia, de los partidos y de las instituciones, y también por el mesianismo de algunos. La fragmentación de los Congresos, la dificultad de alcanzar consensos y la pérdida de liderazgo presidencial son más una consecuencia que una causa de lo anterior. Si se quiere salir del atolladero, la respuesta debe ser integral; caso contrario, será cada vez más difícil romper el círculo vicioso de la política latinoamericana.   POR CARLOS MALAMUD, investigador del Real Instituto Elcano