Elecciones de minería

Deben calmarse. Deben serenarse. Ya basta de pleitos y confrontación. AMLO enviaba un mensaje a Alberto Baillères, Germán Larrea y Carlos Slim –tres de los hombres más ricos de México– desde un evento público en Campeche. Les pedía confianza en su proyecto de gobierno; les decía veladamente que no es un peligro. Era febrero. Aún no se conocían las encuestas más recientes que ponen al tabasqueño con una ventaja amplísima en las preferencias electorales. Ya entonces los invitaba a un acuerdo nacional. Mientras tanto, en el ejido Villa Jesús María, en Ensenada, Baja California, continuaba la protesta de los pobladores por los daños ambientales en la zona protegida del Valle de los Cirios en el proyecto minero El Arco, del Grupo México. Un estudio realizado el invierno pasado por la Secretaría de Gobernación resulta una muestra preocupante de la trama detrás del ámbito público en el proceso electoral en curso en México. El documento, obtenido para esta columna, indica que la explotación minera es la principal fuente de conflictos sociales en el país. Y que han sido Baillères, Larrea y Slim los empresarios que mayor cantidad de concesiones mineras han recibido en los últimos tres lustros. Son ellos los mexicanos que controlan una gran parte del territorio explotado por la minería. ¿Por qué estos tres temas: minería, elecciones y conflictos tienen una importancia vital ahora? Veamos los datos. En los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, las empresas del grupo Peñoles, propiedad de la familia Baillères, obtuvieron concesiones por 2.23 millones de hectáreas de tierra. La Secretaría de Economía registra que la familia Larrea obtuvo igualmente grandes beneficios. Grupo México, propiedad suya, con los últimos tres gobiernos consiguió 469 mil hectáreas de tierra concesionada para explotar territorios mineros. Y la familia Slim, a través de Grupo Frisco, consiguió que las últimas tres administraciones les concesionaran 1.1 millones de hectáreas. ¿Por qué ahora el candidato puntero en las encuestas llama a estos actores a un acuerdo nacional? ¿Es esto aún más importante que el debate por la construcción del aeropuerto que ha enfrentado públicamente a López Obrador con Slim esta semana? El estudio muestra una relación preocupante entre este crecimiento de las zonas concesionadas –no sólo a los mexicanos, sino a grandes empresas canadienses– y los conflictos mineros en zonas muy pobres de México, principalmente indígenas. Conflictos que deberá resolver el gobierno entrante. He aquí un tema de gran urgencia, que muy seguramente, ni siquiera será mencionado en el primer debate presidencial del próximo 22 de abril.