Acuerdos entre bandidos

LIMA.- La reciente VIII Cumbre de las Américas puso de relieve la contradictoria realidad de que un acuerdo continental contra la corrupción haya sido hecho y presentado por una asamblea de presidentes y jefes de Gobierno acosados y acusados por actos de corruptela. El hecho no sólo parecería un acto de hipocresía cuando la sombra de la empresa constructora brasileña Odebrecht se tiende sobre muchos gobiernos del continente:  el escándalo desatado por los denunciados cohechos de la compañía a políticos en Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Perú, Guatemala, Ecuador y México. Del otro lado de la conversación pueden señalarse de manera muy destacada casos como Perú, donde hay cuatro ex presidentes acusados o encarcelados por corruptela y uno de ellos, Pedro Pablo Kuczinsky, renunció hace apenas un mes enmedio del escándalo. En Ecuador,  el vicepresidente Jorge Glas fue destituido y condenado a 13 años de cárcel. En Guatemala el expresidente Álvaro Colom (2007-2012) y la ex Vicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) están en prisión por corruptela y todo indica que las cosas van para más. Estados Unidos vive un escándalo paralelo propio. Las sospechas de venalidad en torno al gobierno del presidente Donald Trump son una constante, aunque hay alegatos de motivaciones políticas en la mezcla. El panorama no es simple. De hecho, hace recordar aquellos no tan lejanos tiempos en que los países de la región se reunían para aclamar el sistema democrático cuando una buena parte de ellos reprimía despiadadamente a los disidentes o justificaba la represión en nombre del anticomunismo. En esta ocasión hay quejas sobre el uso de la corrupción para justificar injerencias internacionales: desde la izquierda tradicional, o lo que hoy pase como tal, porque el gobierno atacado es el de Venezuela, donde un sedicente régimen socialista enfrenta una crisis económica y social creciente. Desde la derecha, porque consideran que comisiones internacionales para enfrentar el problema de corrupción en países pequeños, como Guatemala y Honduras, se han convertido en poderes por sí mismos que interfieren con la gobernanza y las instituciones democráticas. Puede pensarse que hay mucho de hipocresía en los defensores de uno y otro punto de vista: tanto en términos geopolíticos y una concepción siglo XX de la guerra fría, o de intereses personales y de clase en el dominio de los mecanismos de control social y político y la seguridad de los denunciantes. Pero la otra cara de la moneda es que, bien o mal, hay un acuerdo general de combate a la corrupción que responde al clamor de sociedades hartas. La instrumentación del acuerdo puede demorar, no ocurrir o ser dispareja. Dependerá de la voluntad de aplicación por burocracias que se pueden sentir afectadas o no tener el interés para imponerlo. La nota optimista -y vale la pena recordar- es que muchas instituciones de la sociedad moderna surgieron de acuerdos entre bandidos.