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Otra vez, dilemas de la intervención internacional (II)

OPINIÓN

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LIMA. La polémica generada por las condenas a Venezuela y las denuncias sobre el intervencionismo en sus asuntos internos en la VIII Cumbre de las Américas puso de lado otras crisis, menos visibles quizás, pero igualmente complicadas: desde el lado conservador, la queja se refiere a la que consideran como violaciones a la soberanía de los países pequeños. Sin alcanzar el enorme perfil a nivel presidencial del debate, la intervención de comisiones designadas por organismos internacionales en Guatemala y Honduras provoca suficiente intranquilidad como para que un "Congreso Hemisférico de Parlamentarios" haya acusado a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de atacar y debilitar los derechos humanos en el continente al debilitar el estado de derecho y consecuentemente las soberanías y la democracia. Un día antes de la reunión continental, esa organización expresó preocupación por la forma en que los organismos "se extralimitan en sus funciones". Para ellos, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), nombrada por las Naciones Unidas, parece haber desarrollado una misión exitosa, pero también, según sus críticos, la forma de perpetuarse e interferir en asuntos internos. La Cicig lleva 12 años en funciones y ha logrado acusaciones contra ex presidentes y obligado al actual mandatario, Jimmy Morales, a recular en un intento de expulsar al Comisionado, el colombiano Iván Velásquez. En Honduras, una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), designada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2016 ha estado envuelta ya en controversias hacia dentro del país y afuera, luego de una intervención del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, para corregir su conducta. En ambos casos hubo acuerdos entre los gobiernos y los organismos, en alguna forma debido a la combinación de presiones dentro y fuera. Pero los cuerpos políticos de ambas naciones, sobre todo, desde posiciones liberales y de izquierda, parecen penetrados por la corrupción. Las consideraciones no son simples de uno y otro lado. Para unos y otros se trata del uso de la lucha contra la corrupción como un arma política para interferir en los diarios actos de gobierno, pero la queja se refiere en específico a sus propios intereses. Unos se quejan de supervisión indebida. Otros de injerencia contra gobiernos legítimos. En medio están los organismos internacionales. Hace algunos años, la queja se refería a las intervenciones financieras del FMI y a su condicionamiento de asistencia financiera a cambio de reformas o políticas domesticas frecuentemente mal recibidas y tachadas de intervencionistas. Ahora se refiere a problemas internos de gobernabilidad. La politización de la lucha contra la corrupción no ayuda y menos cuando se da de acuerdo con las conveniencias de partes que pueden o no estar involucradas pero tienen intereses definidos. JOSE.CARRENO@HERALDODEMEXICO.COM.MX @CARRENOJOSE1