Para evaluar propuestas de seguridad

Es curioso que siendo quizá el tema más doloroso de nuestra cotidianeidad, la seguridad no es el asunto central de las campañas electorales. En la Universidad de Texas en Austin, propuse algunos criterios para evaluar estrategias en materia de seguridad, que nos permitan salir del círculo vicioso de la sobresimplificación del fenómeno.   En un extremo, está el lamento casi pueril que supone que todos los males parten de la decisión del gobierno del Presidente Calderón de enfrentar a la delincuencia organizada con fuerzas federales. En el otro extremo, está el argumento, igualmente frívolo, de que basta con que se legalice toda droga que genere ganancias extraordinarias para resolver el asunto. Al negar tanto la complejidad del fenómeno como los eventuales aciertos del pasado, estos polos nos excluyen de una ruta de aprendizaje y reconstrucción, y acaban siendo excusas para perpetuar y profundizar la impunidad.   A fin de evitar la polarización que resulta de anclar los argumentos en algún lugar cercano a alguno de estos dos extremos, resulta útil evaluar las estrategias propuestas por los distintos candidatos, o los desempeños de los gobiernos anteriores, con base en algunos criterios objetivos. Primer criterio. ¿Qué prioridad tiene la política de seguridad en su gobierno? Ello se muestra tanto en el tiempo dedicado por el presidente individualmente a la tarea, como por el presupuesto destinado, la visibilidad de la propia comunicación, etc. Segundo. ¿Cuál es el enfoque explicativo dominante que se tiene del fenómeno de inseguridad e impunidad?  ¿Son causas sociales y económicas como la desigualdad y la falta de oportunidades, o es un asunto más bien de cómo funcionan las  instituciones encargadas de atender el crimen?; ¿es un tema de voluntad política para actuar contra la delincuencia, o de complejidades jurisdiccionales, internacionales o de dinámica de mercados de sustancias ilícitas? Si usted revisa las explicaciones o  propuestas, es claro que se privilegia alguna de estas líneas argumentativas. Tercero. ¿Qué tanto se refleja su estrategia en iniciativas de transformación institucional?, ¿en qué áreas se profundiza este desarrollo? Puede ser que no se haya invertido en transformación institucional, o que haya habido esfuerzos profundos. Si los hubo, pudieron estar más orientados a la reforma del proceso penal, o a la atención a víctimas, o en las reformas para garantizar la defensa de los derechos humanos, o en el desarrollo policial, o en la transformación de las fiscalías. Cuarto. ¿Cuál es el tipo y grado de cooperación propuesta con autoridades internacionales? En un extremo está la abdicación de nuestra responsabilidad en la materia, pidiendo a Naciones Unidas que venga a resolver nuestro problema de corrupción (suerte con ello), y en el otro, el pensar que todos los dilemas se resuelven exclusivamente en el ámbito nacional. Quinto. ¿Qué objetivos concretos persigue la política de seguridad, y cuáles son los logros en la materia?  Los cinco candidatos presidenciales, o sus equipos más cercanos, tienen experiencia de gobierno previo que puede ser evaluada con base en sus propias ofertas.   Propongo estos cinco criterios, y dejo al lector usarlos para comparar, si así lo quiere, la administración actual con la que tuve la oportunidad de ser parte.   Alejandro Poiré Decano, Ciencias Sociales y Gobierno Tecnológico de Monterrey @AlejandroPoire