Impuesto a Uber espera destino

El usuario de servicios de transporte como Uber o Cabify en cada viaje que realiza paga un gravamen de 1.5 por ciento sobre el monto del viaje, a la fecha esos ingresos suman alrededor de 200 millones de pesos, que esperan un destino de inversión para proyectos de movilidad en la ciudad.   Uber fue la primera empresa que ingresó al país este tipo de transporte privado en 2013 y de acuerdo con sus reportes, Estados Unidos, Brasil y México, en ese orden, son las tres naciones con el servicio más amplio en el continente.   Sobre el monto y destino con ese 1.5 de impuesto, el secretario de Movilidad, Carlos Meneses, explicó que fue necesario crear un fideicomiso privado el que tiene la totalidad de esos ingresos y hasta la fecha no se ha tocado un peso.   Meneses Flores explicó que cuando se constituyó el fideicomiso quedó establecido que lo ingresos por ese gravamen serían destinados a la modernización del transporte público concesionado o con proyectos de movilidad. Para su uso es necesario que la Secretaría de Finanzas determine los mecanismos y reglas que permitan ponerlos a disposición.   Ya desde la Secretaría de Movilidad se ha solicitado a través de oficios que se determine la forma para poder invertirlo y en cuanto se definan las reglas corresponderá a Finanzas hacerlo público y transparentar la totalidad de los ingresos, así como el destino.   El funcionario sólo da montos aproximados y considera que en materia de transporte siempre urgen recursos para mejorar la calidad del servicio, incluso podrían utilizar ese ingreso que se han guardado por casi cinco años para apoyar a los concesionarios y modernizar el transporte individual como colectivo.   Respecto a las razones por las que no se ha concluido el proceso para entregar los hologramas a estos servicios de transporte que el usuario contrata vía plataformas, Carlos Meneses señaló que la dependencia está lista para probar y verificar los vehículos, pero las empresas las que se encargan de presentar el padrón con la información de sus socios.   Carlos Meneses considera que la autoridad no se ha quedado al margen frente a las denuncias de usuarios porque hay una regulación, se entregan verificaciones y se hacen operativos.   Ante la decisión de Uber de cambiar el contrato con el usuario del servicio, donde le da la vuelta a cualquier responsabilidad en que incurra un chofer, o Cabify que no se compromete con la clase de prestadores que está en su plantilla, el funcionario explicó que como autoridad puede regular las plataformas, atender a los socios, hacer la verificación.   No se trata de generalizar que todos los choferes de Uber, Cabify o del servicio que sea son potenciales delincuentes, sino de que ante un problema, del tamaño que sea hay una responsabilidad del Estado ante la población y de una empresa frente al usuario.