Corrupción, violencia política e impunidad son los tres caballeros del apocalipsis que ensombrecen el actual proceso democrático y son tres riesgos inminentes en contra del desarrollo y seguridad nacional del país.
Hace dos días la consultoría en inteligencia Etellekt presentó su tercera entrega del Informe sobre Violencia Política en México, el cual confirma que este es el proceso electoral más violento. Ya son 78 políticos y aspirantes asesinados en este proceso electoral que inició en septiembre de 2017. Se tienen registradas 49 intimidaciones y amenazas, así como 30 atentados en contra de familiares de estos actores públicos.
En el centro de la violencia política que vive México se encuentran las alianzas entre delincuencia organizada y líderes políticos de todos los niveles y partidos. Por ejemplo, criminales y políticos en partes de Colombia y México han pactado no solo para la extracción inmediata de recursos públicos, control de plazas para la extorsión y venta de drogas, sino también para apoderarse legal e ilegalmente de tierras estratégicas para la explotación de recursos naturales, cultivo de enervantes o para la explotación futura de territorios.
La puerta del infierno de nuestra frágil democracia se abre en el momento en que el costo de incidir en las elecciones por caminos violentos para extraer ganancias ilegales extraordinarias con actos de corrupción es menor al precio del castigo legal y político.
Me explico, hoy los partidos políticos a nivel nacional y local tienen pocos incentivos políticos para no dejar pasar a criminales para que ocupen sus espacios de elección. De manera irresponsable le piden al CISEN que apruebe las listas de sus candidatos, sin embargo esta instancia no es una institución capaz, legalmente autorizada para hacer eso y está terriblemente politizada como para palomear a los candidatos de partidos de oposición.
En Colombia han ido cerrando los espacios del poder público a la criminalidad, tomando entre otras medidas legales la llamada “Ley de la Silla Vacía”, que consiste en términos generales en la eliminación real del escaño o puesto político para el que fue elegido un legislador, alcalde o gobernador. Es decir, el partido político pierde el espacio en el congreso, no puede nombrarse a un suplente que termine el período y en caso de cargos ejecutivos se imposibilita también al partido para que contienda en la elección para elegir al sucesor.
Este tipo de legislación sube el costo político a los partidos para elegir a candidatos que no estén vinculados con la criminalidad y es una herramienta adicional para prevenir la cooptación de puestos públicos por parte de la delincuencia organizada.