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La captura de las instituciones (Primera parte)

OPINIÓN

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La más reciente de las resoluciones del Tribunal Electoral para incluir al Bronco en la boleta ha desatado una avalancha de reflexiones críticas. “El fraude electoral ha recibido la sanción de los jueces”, dijo Diego Valadés, uno de los juristas más respetados en el país. “Estamos presenciando un fenómeno muy deplorable, las instituciones en crisis”. Lo escrito por Valadés abre una oportunidad para reflexionar sobre el valor de las instituciones nacionales. Los priístas siempre defienden como una de las aportaciones capitales del partido haberlas creado tras la Revolución. Pero las instituciones, como las personas, también envejecen y pierden vitalidad, energía y efectividad. Una de las frases que más ha pronunciado José Antonio Meade en campaña es que Andrés Manuel López Obrador es un peligro porque insiste en mandar al diablo a las instituciones. Pero si apartamos la retórica y nos remitimos a hechos consumados, vale la pena preguntarse: ¿qué instituciones se han ido para muchos al diablo en los últimos sexenios? Quizá el único mérito reconocible del gobierno de Fox es la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, que creó un Instituto para esos fines. Los problemas para que el instituto cumpliera las expectativa llegaron pronto, cuando la gran mayoría de la burocracia que ocupó el IFAI estaba representada por funcionarios que trabajaban en el gobierno federal, que habían servido años o décadas al régimen priísta, y no estaban en favor de la transparencia, sino de mantener en secreto la información, bajo argumentos de seguridad nacional. El IFAI nunca tuvo realmente una vocación de transparencia. Era cosa de todos los días que se analizara una petición y la conclusión regularmente era la misma: denegar el acceso a la información. Había gente poco versada y comprometida en la materia. No entendían que la apertura de información no causa un daño al Estado, y que su papel no era defender a toda costa que se resguardara. El IFAI que creó Fox era autónomo, formaba parte de la administración federal y respondía al Ejecutivo, pero pronto comenzó a aportar a ciertos contrapesos en el ejercicio del poder. No era muy grande ni tenía muchos recursos, pero había una corriente importante en favor de la transparencia y en el proceso de selección fue contratado personal comprometido con abrir los datos al público. El instituto abría información importante y servía de contrapeso, tanto que las instituciones se quejaron porque abría cosas que no querían. Eran memorables los encuentros en donde personal del IFAI presentaba series de peticiones de información a las instituciones, y las autoridades a la cabeza terminaban dando golpes sobre la mesa y resistiéndose a abrir lo que el instituto ordenaba. Fue en el gobierno del presidente Peña cuando el Poder Legislativo aprobó la autonomía del Instituto Nacional de Transparencia. Se supone que la intención era blindarlo y para ello fue provisto de importantes atribuciones. El problema fue que se convirtió en una institución independiente y poderosa, cuyas cabezas terminaron bajo control de los poderes.