Los uber se volvieron un riesgo

La Ciudad de México representa un gran negocio para empresas de transporte privado como Uber o Cabyfy, porque los taxis concesionarios se convirtieron en un servicio malo e inseguro; pero esta empresas hábilmente se deslindaron de los problemas por robos, secuestros y asesinatos que sufren los clientes. Incluso Uber modificó su contrato el año pasado para librarse de toda responsabilidad frente al usuario, lo malo es que la autoridad hace muy poco para atender este problema.   Lo que busca el usuario de Uber, Cabify es seguridad, esta dispuesto a pagar más de lo que le cobraría un taxi que se para en la calle o de un sitio. El gobierno capitalino se quedó a la expectativa de las medidas de protección que tomó la gente, no ha hecho nada para mejorar ese transporte público que tiene una concesión y son imperceptibles las acciones emprendidas para combatir este tipo de inseguridad.   Hubo denuncias de usuarios que fueron drogados por el consumo de agua dentro de las unidades de transporte, por eso este fin de semana las secretarías de Movilidad y Seguridad Pública, junto con el Instituto de Verificación Administrativa, hicieron un operativo.   Desde 2015 la Secretaría de Movilidad estableció que debían regularse este servicio, tramitando un holograma, sin embargo en la página de Uber se informa a sus socios, o sea los choferes, que “los mecanismos para el efectivo cumplimiento de dicha regulación fueron creados recientemente”, además que “el trámite era de manera progresiva”. Ese mensaje demuestra que la autoridad no estaba preparada para tomar medidas ante la incursión de este servicio, a pesar de que a nivel internacional ya operaba, por lo que se tenía conocimiento de sus beneficios y sus problemas.   Ante el malestar de algunos choferes, los abogados de Cabify aseguran a sus agremiados que la empresa cubrirá lo gastos en caso de que detuvieran a los vehículos. Finalmente este tipo de operativos ayuda, sin embargo no se atiende el problema de raíz.   Por ejemplo el usuario de Uber por cada viaje paga además de la tarifa, la distancia y el tiempo, un impuesto de 1.5 por ciento como “contribución gubernamental” y una “cuota de solicitud” del 13 por ciento, entonces se da por sentado que hay un gravamen que se cubre y debería de parar en las arcas del gobierno y sino es así ¿qué hace la Secretaría de Movilidad?   El contrato de Uber expresamente dice que en ninguna caso son responsables de daños y perjuicios, salvo la violación a la confidencialidad, es decir que si le pasa algo al pasajero, es su problema; que recopilan la información personal y de la tarjeta de crédito conforme a su política de privacidad, entonces no les importan las disposiciones de protección de datos personales y servicios financieros que hay en el país; ademas si hay algún problema con la seguridad de la información del usuario, pues el cliente debe “investigar, remediar y mitigar”.   Lo que era una solución, se convirtió en problema. Y la autoridad está ausente.