Los efectos del sismo del 19 de septiembre han evidenciado las dificultades de coordinación interna en la ciudad y con el gobierno federal. Al inicio del mes de marzo, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera reconoció que aún no se tenía un censo definitivo, lo cual es difícil de entender ya que han pasado más de 160 días del movimiento telúrico, pero lo extraño es que las instancias federales tienen uno con nombre y geolocalización de 5 mil 974 damnificados en la capital del país, pero a su registro le faltan las delegaciones más afectadas.
Las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales establece la obligación de contar con el censo de damnificados, Presidencia designó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano hacerlo después de los sismos del 7 y 19 de septiembre que afectaron Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Estado de México, Morelos, Puebla y la Ciudad de México.
En su momento la secretaria Rosario Robles informó que la delegación Álvaro Obregón no permitió levantar el censo de afectados, así que en la ciudad se contabilizaron en Xochimilco 2 mil 185 damnificados; Iztapalapa mil 806; Tláhuac mil 340; Magdalena Contreras 288; Cuajimalpa 167; Iztacalco 99 y Tlalpan 89, un total de 5 mil 974 damnificados. Pero porqué no hay cifras en su reporte “preliminar” de las delegaciones más afectadas: Cuauhtémoc y Benito Juárez.
Incluso en el Censo de Viviendas Dañadas por el Sismo de Sedatu se puede encontrar el nombre de la persona afectada, el tipo y monto de apoyo que le dará el gobierno federal, así como la geolocalización de la vivienda; presenta un reporte estadístico en donde se explica que el 38 por ciento de los afectados vivía en inmuebles con más de 5 habitantes, se puede deducir que eran edificios.
Pero la información sigue incompleta, lo mismo sucede con la Plataforma CDMX habilitada por las autoridades capitalinas para concentrar la información de las afectaciones después del sismo.
El paso de los días y la falta de control en la emergencia evidenció abusos, como fue la gente que cobró el apoyo en renta de 3 mil pesos para las personas que habían perdido su hogar; o las organizaciones gestoras de vivienda que tras el sismo vieron la oportunidad para obtener el beneficio o invadir inmuebles.
La rebatinga política terminó con la desarticulación de la Comisión para la Reconstrucción, encabezaba Ricardo Becerra, que tampoco pudo hacer el censo; la ciudad entró a lo largo de estos meses en una dispersión de esfuerzos y no se concluyó el documento básico para ponerle números al impacto del sismo y el costo de la reconstrucción.
El 2 de marzo se creo un nuevo Grupo Interinstitucional de Atención Administrativa Inmediata que incluye dependencias y entes del gobierno capitalino que será coordinador por el contralor Eduardo Rovelo. Quizá ellos puedan explicar qué le falta al censo de damnificados y concluirlo.