Familias y terrorismo moral

El reconocimiento jurídico de la pluralidad familiar en México constituye uno de los grandes pendientes para consolidar el Estado de Derecho. Quienes se oponen a ese avance, siguen empeñados en impregnar el imaginario social con la idea de que las familias deben responder a un modelo único, heterosexual y tradicional. Es así que la propuesta de instaurar el primer domingo de marzo como “Día de la Familia” surgió en 2006 en el gobierno de Vicente Fox, esto como parte de una estrategia de grupos ultra conservadores que buscaban frenar los avances en materia de reconocimiento jurídico de las familias conformadas por parejas del mismo sexo. Tal iniciativa surgió cuando grupos civiles y asambleístas mayoritariamente del PRD impulsaban la Ley de Sociedades de Convivencia, que un par de años después, daría paso al Matrimonio Civil Igualitario. De esta manera, los extremistas políticos y religiosos intentaron, sin éxito, invisibilizar el gran crisol multifamiliar de México, mismo que había alcanzado visibilidad política gracias a la llegada de gobiernos progresistas en la ciudad de México, que en conjunto con la sociedad civil, impulsarían un proceso de construcción democrática encaminado a reconocer los derechos de todas las familias independientemente de su conformación. Los riesgos de que en el actual proceso electoral se envalentonen posturas retardatarias para mermar los derechos de las ciudadanías LGBTTTI son reales. Y todo indica que Morena es el asidero de esas posturas con la incorporación en sus filas del senador José María Martínez, quien ha dado muestras de su conservadurismo desde la Comisión de la Familia. A esa adehesión se suma la alianza del Partido Encuentro Social con Morena, lo que representa un acto de terrorismo moral conservador que pone en riesgo la laicidad del Estado mexicano y los avances democráticos de los últimos años en materia de diversidad sexual. En su concepción arcaica y paternalista del “pueblo bueno”, AMLO se ha pronunciado a favor de someter los derechos de las poblaciones LGBTTTI a referéndum, es decir, que mediante sus conocidas “asambleas” en las que su palabra es la única que vale, unos cuantos decidan sobre el ejercicio de derechos de ciudadanos y ciudadanas de la diversidad sexual. Los discursos moralistas en la política han significado represión para quienes no se ajustan a los modelos hegemónicos. El riesgo de que ideas decimononicas permeen en las políticas públicas a través de lo que AMLO ha denominado “Constitución moral” es una señal de alerta para quienes durante décadas han luchado por el reconocimiento de los derechos de personas no heterosexuales, incluido el de conformar una familia sin importar la orientación sexual o identidad de género de sus integrantes. Por Antonio Medina Trejo Secretario de Diversidad Sexual del PRD @antoniomedina41