Trump, migración y una ironía

Ha sido una semana de buenas y malas noticias para la comunidad migrante en Estados Unidos. Lo bueno: la Corte Suprema falló en contra de la administración del presidente Donald Trump y su esfuerzo de eliminar el programa que ampara a cientos de miles de jóvenes indocumentados de ser expulsados del único país que muchos de ellos conocen. La Corte rechazó un pedido de la Casa Blanca para revisar la decisión de una corte estatal de frenar la cancelación del programa, conocido como DACA por sus siglas en inglés. En septiembre pasado, el presidente Trump anunció la cancelación del programa, y el 5 de marzo como el día que terminaría oficialmente. Pero varias cortes han determinado que el programa puede seguir vigente. Según la Corte Suprema no hay "urgencia" y el gobierno debe dar tiempo a que las cortes de apelaciones hagan una determinación, el último paso antes que la Corte Suprema lo revise. Eso significa que el programa seguirá vigente al menos un año más, porque las cortes tienen prioridades más urgentes, y la agenda de la Corte Suprema ya está hecha para el resto de la sesión judicial. El nuevo periodo comenzará en octubre, luego del receso veraniego, y los nuevos casos no se discuten de inmediato. Los jóvenes –los llamados dreamers– se dicen aliviados, aunque siguen “en veremos”, porque esto quitó presión al Congreso, al posponer la fecha de vencimiento. Los congresistas que apoyan a los dreamers insisten en que seguirán en busca de nueva legislación, pero también cuentan con que los demócratas retomen ambas cámaras del Congreso en noviembre, para revertirlo todo. Lo malo es que como las cortes están atestadas, miles de inmigrantes llevan largo tiempo en centros de detención o incluso cárceles en espera de juicio: desde casos de asilo político hasta criminales. Antes, cuando un inmigrante pasaba más de seis meses detenido, tenía derecho a solicitar libertad bajo fianza, pero la Corte Suprema dictaminó esta semana que ya no. Los jueces decidieron que no es un derecho automático y que una corte de apelaciones debe tomar una determinación antes que esa instancia. Esta decisión afecta a casi 700 mil personas, incluso residentes legales. Bajo leyes federales en Estados Unidos, cualquier detenido –sin importar su estatus migratorio– tiene derecho a presentarse ante un juez sin esperar por tiempo indefinido, y de ser procesado sin demora, pero no se aplica a casos en las cortes de inmigración, que rigen en otro mundo legal. Y en lo que se puede describir como una gran ironía, el juez Gonzalo Curiel, al que Trump acusó de poco objetivo por ser mexicoamericano, determinó que no hay un impedimento constitucional para la construcción de un muro fronterizo, aunque aclaró que se pronunció en términos estrictamente constitucionales y sin opinar sobre su sensatez. A fin de cuentas, toca al Congreso aprobar los fondos, y eso está en veremos, por más que Donald Trump lo quiera. POR PATRICIA GUADALUPE Periodista*