Hace unos di?as la Auditori?a Superior de la Federacio?n (ASF) presento? la tercera entrega de la cuenta pu?blica 2016. Con e?sta una cifra escandalosa: entre 2012 y 2016 se han detectado desvi?os por 6 mil 879 millones de pesos.
El gobierno se ha aprovechado de una excepcio?n a la Ley de Adquisiciones para adjudicar contratos a universidades pu?blicas u otras dependencias gubernamentales que a su vez subcontratan empresas (que hoy conocemos que son fantasma) y sabemos que triangularon dinero con terceros.
El Informe alerta sobre los riesgos de fraude y corrupcio?n, asi? como un abuso de este tipo de contratos. Algo que tambie?n ya ha advertido recientemente la OCDE y que tiene como consecuencia un dan?o a la hacienda pu?blica y el desvi?o de recursos que podri?an ser utilizados en programas sociales dirigidos a los ma?s pobres.
Esto es un esca?ndalo de proporciones mayores que, en cualquier pai?s con un mi?nimo Estado de Derecho se investigari?a con celeridad y se castigari?a. Pero como sociedad no podemos tolerar que este tipo de “servidores pu?blicos” sigan gozando con candidaturas plurinominales.
Quien ya tiene una maestri?a en este esquema es Rosario Robles, hoy titular de la Secretari?a de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Con ella como secretaria (en SEDESOL o ahora) se han desviado mil 311 millones de pesos, casi el 20 por ciento del total.
Sin embargo, en el Pai?s de la Impunidad de Pen?a, frases como “Rosario, no te preocupes, hay que aguantar” nos confirman el nivel de complicidad y desaseo en el uso de recursos que deberi?an estar encaminados a erradicar la pobreza que padecen 54.3 millones de mexicanos.
Cada reporte de la ASF es devastador: primero, la malversacio?n por 4 mil 544 millones de pesos (entre 2013 y 2015); luego en 2016 la cifra aumento? en 2 mil 130 millones de pesos. En la u?ltima entrega se acredita el desvi?o por parte de la SEDATU, pero la simulacio?n no so?lo ocurre con Robles, tambie?n en Sedesol, Sagarpa, Conagua, ISSSTE y Diconsa.
Pero ¿a que? equivale el dan?o hecho bajo este esquema fraudulento?
Con los 6 mil 879 millones de pesos alcanzari?a para entregar ma?s de 5 millones de pensiones a adultos mayores o ma?s de 9 millones de becas de Prepa Si?. En medio de este mar de cifras hay una realidad: no hay funcionarios sancionados ni rendicio?n de cuentas del gobierno. Pero el dan?o ya esta? hecho, ahora se debe impulsar la implementacio?n del sistema anticorrupcio?n y una fiscali?a independiente para que castigue a los responsables.
Para evitar esquemas como la “Estafa Maestra” se debe alentar la contralori?a social. Las instituciones del Estado mexicano tienen como fin promover y proteger los derechos humanos en el actuar que les corresponda, la SEDATU no es excepcio?n.
Lo anterior, adema?s de una obligacio?n constitucional, es un fin e?tico. Por lo que la perversio?n que se hace del uso de las instituciones, es una corrupcio?n mayu?scula que violenta los derechos de las personas.
El grado que ha alcanzado el deterioro institucional es insostenible, por ello debemos estar a la altura de lo que la sociedad exige: justicia y rendicio?n de cuentas.
Román Meyer Falcón
Coordinador de desarrollo urbano y vivienda del proyecto de AMLO