Una tormenta perfecta descargó sobre Perú. El hartazgo popular con la corrupción sumado al mal manejo gubernamental de la crisis, al rechazo del compromiso del núcleo duro del fujimorismo y al colapso del sistema de partidos crearon el caldo de cultivo para acabar con Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Esto ocurre en un contexto generalizado (peruano, latinoamericano y occidental) de descrédito de la democracia y sus instituciones.
Después del primer pedido de vacancia, afrontado con éxito por PPK, se conoció el alto precio que éste pagó para evitar su cese: indultar a Alberto Fujimori. La herida de la represión fujimorista aún sigue abierta, a tal punto que fue el principal factor que explica el triunfo de PPK en 2016. Paradójicamente, al indultarlo se enfrentó con aquella parte de la sociedad peruana que había permitido su victoria.
Su triunfo, en segunda vuelta y por 40 mil votos, nunca fue aceptado por Keiko Fujimori ni por su partido, Fuerza Popular. Con su abrumadora mayoría parlamentaria, la hija del ex presidente se dedicó a castigar al gobierno.
El margen de maniobra para negociar era mínimo y todo valía para acabar con el odiado PPK. Si estos ataques afectaron la gobernabilidad del país, ésta sufrió aún más por la falta de habilidad política del presidente.
A las mentiras vinculadas con el indulto se añadió en las jornadas previas a la segunda vacancia (la votación para cesarlo) la difusión de diversos videos contra el gobierno que mostraban prácticas corruptas y la compra del voto de algunos parlamentarios. Si la presión sobre la continuidad del gobierno era insoportable, el destape de la noticia acabó con las expectativas de PPK, que presentó su dimisión. Entonces su aprobación apenas llegaba a 19 por ciento, inferior incluso a la de Nicolás Maduro, golpeado por la crisis venezolana.
El vicepresidente Martín Vizcarra asumió en el Congreso la primera magistratura en medio de una gran expectativa. Su breve, pero contundente discurso fue bien recibido por los grupos de oposición. Algunos ven en él una buena oportunidad para salir de la crisis, aunque otros consideran el momento como un paso previo a la conquista del poder.
Su intervención se centró en dos conceptos esenciales: la necesidad de cicatrizar las heridas y dotar de nueva legitimidad al sistema político impulsando la unidad nacional; y el predominio de la división de poderes, lo que implica que el Parlamento debe abstenerse de intervenir en investigaciones judiciales sobre corrupción, un cáncer a erradicar.
Si la Presidencia de Perú estaba devaluada, todo esto ahondó su desplome: Fujimori indultado, Toledo prófugo de la justicia, García con serias acusaciones a sus espaldas y Humala preso. Y a PPK, sospechoso de corrupción, no sólo se le allanaron sus propiedades, sino también se le prohibió salir del país durante 18 meses.
Vizcarra no lo tendrá fácil. Deberá sacar a relucir todo su temple como hizo cuando dirigió Moquegua, poniendo la política al servicio de la gente y dotando de credibilidad a su gobierno.
Si fracasa, el riesgo es grande en una coyuntura donde casi todos los partidos políticos se han autodestruido.
*Investigador del Real Instituto Elcano