Katia D’Artigues: #NoALaLeySíndromeDeDown

Seguimos haciendo guetos en pleno siglo XXI. Algunos son físicos y otros legales, como la “Ley Integral de las personas con síndrome de Down” que se publicó el pasado 5 de marzo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México gobernada por Miguel Ángel Mancera. Como diputada constituyente de la Ciudad de México y madre de Alan, un niño de 11 años con síndrome de Down, argumento en contra: no es con leyes específicas por discapacidad como lograremos una verdadera inclusión social. ¿Se imaginan que cada discapacidad tenga una ley que cree una pequeña burocracia? Si la ciudad ya tiene una Ley para la Integración al Desarrollo de las personas con discapacidad publicada en 2010, ¿cuál ley aplicaría. El camino es mucho más largo: hay que hacer gobiernos y sociedades flexibles que garanticen que todos tengamos los mismos derechos, independientemente de nuestra condición. De eso habla la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que México propuso al mundo (gracias a Gilberto Rincón Gallardo), y nuestro país ratificó el 3 de mayo de 2008. Esta ley en particular, además, significaría un retroceso. Hay muchas razones y un análisis más largo que publicamos en la página de nuestra asociación, Yo También, A.C. (https://tinyurl.com/y8ev48ca), pero trazo un par de pinceladas. La ley crea una unidad atención en el DIF (el Instituto para personas con discapacidad de la ciudad no participa), pero la institución que coordina la ley es ¡la Procuraduría General de Justicia! (Artículo 9). Una de sus acciones podría crear detenciones arbitrarias: contempla detener a personas no acompañadas con Down en la calle y enviarlos a instituciones (Artículo 37). La ley promueve la exclusión de personas con síndrome de Down a través de servicios especiales en escuelas, trabajos y albergues, en lugar de hacer lo contrario: que vivan con todos nosotros y participen en la vida en sociedad. Menciona cinco veces que las personas con síndrome de Down tienen un “padecimiento”, y dos veces que hay que impulsar su “reinserción social”. Nunca menciona su capacidad jurídica. Entiendo la razón, basada en la desesperación de una constante discriminación y exclusión, que lleva a familiares y legisladores a impulsar que haya “leyes especiales” con la esperanza de mejorar la situación. Tan sólo ayer, el diputado federal panista, Javier Bolaños Aguilar, anunció que presentará una iniciativa para la creación de la Ley General para atención de personas con Síndrome de Down. Le digo, esto ya parece epidemia. El Estado en general y los gobiernos nos han quedado mucho a deber y necesitan apretar el paso para hacer realidad una verdadera igualdad: pero es a ésos a los que tenemos que presionar. El marco jurídico y los derechos ya están reconocidos. La CDHDF está preparando ya una acción de inconstitucionalidad contra esta ley para personas con síndrome de Down. Pronto estará en la cancha de la Suprema Corte de Justicia. Por cierto, ¿usted ha visto que los más de 3 mil 400 candidatos que elegiremos el 1 de julio hagan propuestas para la inclusión de al menos 7 millones de mexicanos con discapacidad? Yo tampoco.