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Impunidad de exportación Made in México

OPINIÓN

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El sistema de justicia mexicano está tan desvencijado que permite a una persona asesinar a otra, huir a Estados Unidos sin documentos, ser deportada en seis ocasiones por la Oficina de Detención y Deportación (ERO) y aún así no ser detenida en México durante 22 años.

Así fue el caso de Gonzalo “El Chano’’ Limón entregado en el límite internacional del Puente Internacional Stanton de El Paso a las autoridades mexicanas por sus pares estadounidenses en días pasados para que ¡por fin! rinda de cuentas sobre su probable responsabilidad en el homicidio de Manuel Monroy Islas el 13 de febrero de 1996.

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) afirma que tres años después de este crimen, Limón fue detenido y deportado a México  por primera vez y de ahí siguieron cuatro capturas y repatriaciones más — con sus respectivas sanciones por reingreso sin papeles—sin que México le informara que se trataba de un posible asesino hasta el pasado 13 de febrero, justo 8,030 días después.

De acuerdo con el tratado de extradición entre México y Estados Unidos firmado en 1978, la cancillería  debió solicitar a las autoridades estadounidenses el envío del mexicano acusado previo intercambio de información entre la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Relaciones, el Departamento de Justicia y el ERO, dependencia de ICE.

Para ello se requería un proceso legal correcto de lado sur de la frontera, es decir, que las procuradurías estatales alertaran a la PGR de la fuga de El Chano, esta a su vez solicitara a la SRE la extradición y la cancillería hiciera lo propio ante EU.

Pero esto nunca ocurrió en la larga espera de dos décadas y la causa tiene al menos tres hipótesis que evidencian las roturas del sistema.

Por un lado  la falta de una buena investigación o la complicidad por parte del ministerio publico que evitó el envío de la alerta de la posible fuga del acusado hacia EU. Por otro,  la falta de coordinación entre la PGR y las fiscalías estatales para que todas estuvieran al tanto de la fuga de un prófugo.

Y, finalmente, la falta de uso de una plataforma que debió ser la guía de comunicación nacional para el tema de seguridad: Plataforma México, un sistema en el cual el gobierno invirtió 2,000 millones de pesos y una buena tajada de dólares de los vecinos.

Como sea, el resultado es que los tránsfugas se van dando saltitos por la frontera entre los más de un millón de cruces diarios de ciudadanos legales e indocumentados que hay entre México y EU y de ello dan cuenta los pocos requerimientos de extradición que México exige a su socio: alrededor de dos al mes, según ICE.

Peor aún: la exportación de la impunidad tiene puertas abiertas más allá de EU, a Canadá, la Union Europea y todos los países que no requieren visa a México que han visto llegar a políticos y otras caras clandestinas.