Luis Miguel Cariado: TNYT y la renta de noticias

La Navidad en The New York Times puso foco a una práctica común en medios de México que alquilan de forma parcial o total su línea editorial a gobiernos de cualquier partido, siempre que éstos les contraten publicidad oficial en planas, portales o programas de radio y tv. Con los matices que se quiera, las omisiones o sesgos que puedan cuestionarse de la extensa nota que dedicó a México ese diario, el fondo de lo publicado no es una especulación sin pruebas, es un hecho que el periodismo a la carta existe, que la publicidad oficial se retira a medios críticos y se otorga más a quienes abren espacio a halagos como tributo al poder político. La apuesta perniciosa de la publicidad oficial es incidir en contenidos y tornarlos amigables, usar formatos diseñados para el engaño sin importar que estén prohibidos, algo que se expresa con frecuencia igual en televisoras privadas, noticiarios estelares o programas de espectáculos; en publicaciones de izquierda o derecha, pero que con más enojo que vergüenza se justifican gritando a los críticos “ustedes también” o alegando en privado que no se vende todo el periódico, no todo el noticiario, nada más la pura entrevista o gacetilla disfrazada. Saben periodistas, empresas y gobiernos que no es ético ni legal engañar a las audiencias con anuncios camuflados de noticia. El artículo 6 de la Constitución prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como “información periodística o noticiosa”, el artículo 41 prohíbe vender cualquier modalidad de tiempo aire a partidos o candidaturas, el 134 -que lleva una década sin ley secundaria- dice que la publicidad gubernamental no puede ser personalizada (no debe incluir nombre, imagen o voz de servido- res públicos) “en cualquier modalidad”, lo que incluye a la prensa, no sólo a la radiodifusión y evidentemente no da pie a interpretar que se puede pagar una entrevista o un comentario. Esas disposiciones son vulneradas diario por la complicidad de medios y comunicadores con las oficinas de comunicación social, con las que piden a manera de bonificación a su inversión (dinero público) cobertura positiva o pactan compra de productos integra- dos diversos que antes se facturaban con conceptos de “entrevista”, “mención” o “comentarios a la noticia”, y hoy se esconden en convenios generales. Hace unos meses, el Congreso eliminó de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión la obligación expresa para que televisoras y radiodifusoras alertaran a las audiencias cuando se estaba ante anuncios integrados al contenido y cuándo no. Podríamos decir parafraseando una de las respuestas que se dieron a TNYT tratando de rebatir lo publicado, que efectivamente, “la verdad no se vende”... nada más se alquila.  
ESPECIALISTA EN TEMAS ELECTORALES