Sin hacer referencia a las vergonzosas acusaciones de plagio, hace algunos días, José Antonio Meade, precandidato a la Presidencia por el PRI; presentó una serie de reformas ante los líderes de las bancadas del PRI, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza de la Cámara de Diputados, con la intención de fijar una agenda para el combate a la corrupción.
Parece increíble que el doctor Meade, después de su destacada carrera en el servicio público, no entienda que el combate a la corrupción no se da únicamente con reformas legales, sino con instituciones sólidas que apliquen la ley.
Las reformas presentadas no generan ningún cambio de fondo en las instituciones especializadas en el combate a la corrupción, y por lo tanto, no tendrán ningún efecto relevante, en caso de ser aplicadas.
El doctor Meade quiere modificar la legislación anticorrupción, afirma que es cuestión de regresarle la capacidad al estado, pero su exigencia respecto del nombramiento de piezas fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción y de la efectividad en la aplicación de la ley, ha sido sumamente débil hacia su partido, el Revolucionario Institucional.
Además, las consecuencias tan negativas de no tener un fiscal anticorrupción, actualmente, la constitucionalidad de la aplicación de las faltas administrativas graves, establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, está puesta en duda, debido a que los únicos facultados para ello son los magistrados especializados en dicha materia, y no han sido nombrados.
Un ejemplo de ello en la llama- da ley Meade es la extinción de dominio que correspondería al ministerio público y a los fiscales anticorrupción acreditar el estatus patrimonial de “la persona propietaria o poseedora del bien materia de extinción de dominio y la desproporción entre su evolución patrimonial y el valor del bien a extingir”, sin embargo el doctor Meade pide no esperar, pues quiere que aplique de inmediato.
Estas propuestas fallidas y sin sentido en las que demanda consistencia, desacreditan el discurso de preparación y experiencia del precandidato de la coalición Todos por México, y sólo confirman la razón por la cual es el partido con la percepción más negativa de todos.
Parece increíble que el Partido Revolucionario Institucional intente –fallidamente- utilizar a la lucha contra la corrupción como bandera, cuando no ha cumplido con la obligación que actualmente tienen en esta materia aunado a los escándalos que rodean a la cúpula partidista. La “certificación de honestidad” para servidores públicos.
Las y los electores conocen su falta de compromiso, y se los harán saber en las urnas en los comicios presidenciales de julio próximo.
Al tiempo.
DIPUTADO FEDERAL POR MORENA