A unos días de que terminen las precampañas, que en teoría deberían servir para que compitan los aspirantes a la candidatura que no tienen enfrente ni AMLO, ni Meade, ni Anaya, Emilio Gamboa lanzó desde el Senado una vigorosa defensa de las reformas estructurales del gobierno peñista.
El senador yucateco reconoció un panorama complejo, pero dijo que “vamos por buen camino y así nos lo dicen los indicadores económicos que señalan el impacto positivo de estos cambios en la economía de las familias mexicanas”.
Citó que las reformas en telecomunicaciones redujeron 40% las tarifas por telefonía móvil y banda ancha, triplicaron la cobertura de internet y cancelaron el cobro del servicio de larga distancia. Es una reforma de trascendencia social porque garantiza a los mexicanos el acceso a las nuevas tecnologías de la información, una gran diferencia respecto a cinco años atrás.
Gamboa también defendió la controvertida reforma fiscal de Luis Videgaray. Dijo que ha permitido disminuir la dependencia de los ingresos del petróleo y duplicar el número de contribuyentes y obtener fondos para más y mejor infraestructura. Gracias a la reforma educativa –añadió– en México hay cuatro veces más escuelas de tiempo completo que cuando inició el sexenio.
Estas declaraciones de Gamboa se enmarcan en la contienda por la presidencia, una estrategia que puede tener antecedentes previos al destape de José Antonio Meade, cuando el canciller Luis Videgaray, en el primero de varios elogios públicos a Meade interpretados como un destape anticipado, levantó todo un muro de cifras, argumentos y estadísticas en una sólida defensa de las reformas estructurales del régimen.
El 24 de agosto de 2017, al develar un retrato de Meade en Palacio Nacional, Videgaray dijo que la caída de los precios de petróleo en 2013, el momento de más dificultad del sexenio en el entorno económico, pudo sortearse gracias a una reforma fiscal que no disparó el desempleo como se advirtió, y sí creó dos millones de nuevos trabajos.
En la lógica política de la campaña, las reformas estructurales representan una de las municiones más importantes de las escasas que disponen el gobierno peñista y el PRI para intentar reelegirse en 2018, apelando a su voto duro y al de las clases sociales más lastimadas.
Después del destape de Meade parecía muy probable que dos estrategias se convirtieran en ejes de la campaña: explotar la condición de Meade como un ciudadano sin militancia (formal) y una agresiva defensa de las reformas que, dicen las cifras del gobierno, ya están beneficiando a la ciudadanía.
Meade quemó el primer cartucho al ser incapaz de acercarse a la militancia priista sin caer en los chamuscados métodos tradicionales (“Háganme suyo” y la cargada). Ahora el peñismo emprende una lógica y encendida defensa de las reformas estructurales. No le queda otra para intentar persuadir a un voto duro cada vez más rejego y hundido en una de las peores crisis en varias décadas.