El desarrollo de la reforma policial en México parece una montaña rusa, muchas ideas, algunos buenos modelos importados, otros autóctonos, pero en términos generales los avances son a cuentagotas. Ha habido algunos avances, pero para ser sinceros… no muchos. Por lo general, los avances significativos se dan a nivel local, sin embargo, quedan atados al compromiso (y capacidades) de la próxima administración política. Hay muchas buenas ideas que son pulverizadas por políticos que sin tener experiencia, tablas, talento o sentido de responsabilidad deciden incursionan en el sector –en todos los niveles- y hacen retroceder décadas a las instituciones; otros, simplemente las ignoran y causan consecuencias similares.
Un estudio del Inegi publicado en julio de 2017 nos da un panorama escalofriante de las policías: hay 331 mil policías y agentes de tránsito en el país, cuya edad es de 38 años en promedio y con educación de segundo de secundaria en promedio – casi 40 por ciento cuentan sólo con primaria. Laboran 65 horas a las semana (tiempo completo y medio) y ganan 31 pesos la hora. Sólo en la Ciudad de México y Baja California Sur hay más de 300 policías por cada 100 mil habitantes. Los estados con menos policías por habitantes son Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Durango y Zacatecas. En octubre de 2017 la Segob publicó un estudio sobre las policías preventivas estatales en el que da un diagnóstico sobre la necesidad de “duplicar” el número de policías estatales para alcanzar “estándares mínimos” internacionales. Queda muy claro que la seguridad no sólo es cuestión de números, sino de capacidades y de estrategia, pero también queda muy claro que el Estado requiere de muchos más elementos para cumplir sus funciones adecuadamente.
Ya estamos a casi doce años de que se le ordenara a las Fuerzas Armadas desplazarse de manera “temporal” para apoyar a la seguridad pública. El empleo de los militares debería de permitir un espacio de respiro, para que se sanearan y expandieran las policías de los tres niveles de gobierno –lo que no ha sucedido. Hay más de 52 mil tropas desplazadas en labores de apoyo a la seguridad pública y la necesidad no se ve que vaya a cesar en el mediano plazo. Lo que sí está claro, es que las Fuerzas Armadas tendrán que continuar operando en labores de apoyo a la seguridad pública pese a la crítica constante de ciertos sectores de la sociedad civil organizada, políticos y comentaristas con ideologías obsoletas. A veces parece que estos actores hacen más ruido en contra de las Fuerzas Armadas, que en contra de los delincuentes – sería muy positivo si aparte de la crítica ofrecieran opciones viables y responsables.
Desde 2014 la Sedena comenzó una reorganización de su Cuerpo de Policía Militar, creando la Dirección General de Policía Militar en junio de 2016 para poder reorientar su misión y adaptar su despliegue. Desde su creación en 1959 y hasta entonces, la misión principal de la PM era la de ser una policía dentro del ejército, brindando seguridad en sus instalaciones y vigilando la disciplina de las tropas regulares. La misión fue ampliada para cumplir con las funciones de apoyo a la seguridad pública de una manera directa. Para ese entonces, existían tres brigadas –cada una con menos de 3 mil policías militares- en y alrededor de la Ciudad de México; sin embargo comenzó la construcción de nuevas instalaciones en algunos de los mandos regionales: el primero fue en la IV Región Militar en Monterrey, Nuevo Leon, en donde Sedena buscó un nuevo esquema de compromiso que involucrara tanto a los gobiernos regionales como a la comunidad empresarial. Juntos financiaron la construcción de una base para una nueva brigada de Policía Militar en el municipio de Escobedo. Esfuerzos similares se están llevando a cabo en Chihuahua, La Laguna (Coahuila-Durango) e Irapuato, Guanajuato, y la estrategia es crear una brigada para cada una de las 12 regiones militares. Estas unidades se crean utilizando tropas regulares que son reentrenadas como policía militar. El reentrenamiento incluye cursos sobre el uso proporcional de la fuerza, incluyendo el uso de equipo no letal, sistema de justicia penal acusatoria, derechos humanos, cadena de custodia y preservación del lugar de los hechos. Coincidentemente, a partir de 2015, el Heroico Colegio Militar comenzó a ofrecer la especialidad de Policía Militar dentro de su oferta académica, para comenzar a una nueva generación de oficiales para esta fuerza. Habrá por lo tanto 36 mil policías militares especialmente entrenados y equipados para labores de apoyo a la seguridad pública.
Por su parte, la Semar despliega a la Policía Naval en siete municipios de Veracruz en donde las capacidades policiales municipales y estatales fueron rebasadas. De manera similar capacitó al personal encargado de estas tareas. Adicionalmente, tiene encima la enorme tarea de establecerse como Autoridad Marítima en las 119 capitanías de puerto en las vastas costas nacionales, que le obligan a desarrollar funciones de policía marítima.
Tanto Sedena como Semar han implementado modelos de especialización y profesionalización de sus fuerzas que permitirán a la siguiente administración contar con más y mejores opciones, incluyendo la posible creación de una Policía Nacional Militar y un Servicio de Guardacostas Nacional. Bajo este esquema, México estaría adoptando modelos similares a los empleados con éxito en Europa, en donde los ministerios de defensa quedan a cargo de formar y administrar a las fuerzas empleadas para atender a un segmento de la seguridad pública. No deben de reemplazar ni absorber a otras policías, hay suficiente déficit de capacidades, pero para que se desempeñen eficientemente se requerirá mantenerlas lo más lejos posible de las manos de la clase política.