Tinta azul

"¿Está usted de acuerdo, señor Gobernador?”, preguntó el secretario de Gobernación a Javier Corral, mandatario de Chihuahua.

"Le presto mi pluma", ofreció Alfonso Navarrete Prida.

"Ándele, con pluma azul", dijo Corral.

Este diálogo anodino pone fin a un conflicto que puso al descubierto uno de los más antiguos y perversos recursos empleados por el gobierno central para premiar lealtades y pagar favores políticos, o castigar enemigos por medio de la entrega de partidas determinadas del presupuesto, al margen de la aprobación legal de cada año y de manera discrecional.

No se trata de algo nuevo, desafortunadamente para los mexicanos. Desde la época post revolucionaria, en los gobiernos estatales priistas existía la convicción de que la falta de sintonía entre los periodos presidenciales y los que regían los gobiernos estatales representaban una pésima fórmula que se volvía en contra de sus gobernados.

Un presidente surgido del PRI elegía al candidato a gobernar a un estado utilizando su dedo y los problemas se presentaban cuando otro presidente de la República era electo y el nuevo huésped de Los Pinos no tenía una buena relación con el gobernante que había impuesto su antecesor.

Ahí comenzaban los problemas de presupuesto. Con el paso de los años, la mayor parte de los estados aprobó reformas para que el calendario de las elecciones de gobernador coincidiera con la elección presidencial. Se llegó a pensar que esta era la solución al desequilibrio en los presupuestos autorizados a los gobiernos de los estados. Pero no fue así.

El Ramo 23 puede compararse a la partida secreta que gozaron los  presidentes de la República hasta los años 80, un rubro que a diferencia del Ramo 28 y del Ramo 33, de participaciones y aportaciones respectivamente, no está regulado y es absolutamente discrecional. La Secretaría de Hacienda tiene control absoluto sobre ese dinero, utilizado políticamente por el gobierno si atendemos a la denuncia de Corral. 

La organización independiente México Evalúa documentó que sólo en el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) del Ramo 23, hasta septiembre de 2017 en promedio los estados habían recibido alrededor de mil 23 millones de pesos. La entidad menos beneficiada fue Chihuahua, con 61 millones de pesos, mientras el Estado de México recibió 5 mil 291 millones de pesos en 2017, año de elecciones de gobernador.

“Ándele, con pluma azul”, dijo el gobernador Corral al firmar la pacificación del conflicto. Una negociación clandestina entre actores políticos resuelve un conflicto provocado por la forma siniestra en la que los gobernantes alcanzan acuerdos al margen de la ciudadanía. Felicidades.

¿Qué pactaron los gobierno de Peña y de Corral? ¿Abdicar a continuar las investigaciones del desvío de recursos federales al PRI de Chihuahua? ¿Hacienda politizó el uso de los recursos? ¿Hubo chantaje de Corral o un acto de ilegalidad en las instituciones?

El pacto de Gobernación deja una estela de preguntas sin respuesta.