La función básica de cualquier par- lamento que se diga democrático es redactar leyes en beneficio de sus representantes. En ninguna parte de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa se señala que los legisladores tienen la facultad de asignar recursos públicos a discreción.
¿Es legal que el destino de los 8 mil 872 millones de pesos etiquetados para la reconstrucción de la CDMX deban ser asignados por la presidencia y la secretaría de la Comisión de Gobierno de la ALDF, así como el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública?
Por supuesto que no. Tan es ilegal que existe una controversia constitucional promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (20/2018) en contra de que estos tres diputados etiqueten el recurso de la reconstrucción contemplado en el Presupuesto de Egresos de 2018 de la Ciudad de México.
El miércoles estos tres legislado- res “renunciaron” a las facultades que se habían otorgado para manejar el recurso a su antojo, cuando lo correcto sería haber modificado el decreto del presupuesto.
Los legisladores que controlan la Asamblea —y que ahora son uno mismo, al denominarse parte del Frente por México— se “inventaron” las atribuciones de autorizar, super- visar, vigilar y proponer el ejercicio de los recursos asignados en el presupuesto de 2018, mismas que le corresponden al Ejecutivo.
Sin ninguna vergüenza, y yendo más allá que las anteriores seis legislaturas, palomearán los proyectos a ejecutarse.
Lo anterior, ¿qué significa? Que cualquier Delegación, dependencia o entidad de gobierno que necesite el recurso debe contar con el aval de estos tres legisladores para que se le asigne el gasto, sin ninguna regla de operación o lineamiento.
Existe el peligro de que los recursos públicos se usen de manera discrecional para favorecer territorios en medio de una campaña electoral y lo peor, que la ayuda no llegue en su totalidad a las personas que verdaderamente son damnificadas.
El antecedente inmediato a esta práctica —que pretenden replicar— son las Asignaciones Adicionales a dependencias y delegaciones que se hicieron en 2016 y 2017, que controlaron y aprobaron también la presidencia y la secretaría de la Comisión de Gobierno de la ALDF.
El año pasado se repartieron 4 mil 240 millones de pesos a delegaciones y dependencias, sin explicar por qué Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa y Gustavo A. Madero deberían recibir la misma cantidad de recursos extras —253 millones de pesos por demarcación— si cada una presentaba una problemática distinta.
A casi cinco meses del sismo el saldo es lamentable: la ayuda sigue cayendo a cuenta gotas, la Comisión de Reconstrucción se fracturó, y el recurso sigue atorado porque tres diputados se rehúsan a respetar la ley mientras se frotan las manos.
DIPUTADA LOCAL DEL PRI CON LICENCIA