Gobierno y Asamblea se distancian

Hay un evidente distanciamiento entre el Gobierno de la Ciudad de México y quienes controlan la Asamblea Legislativa, la situación ya se hizo muy evidente con el jaloneo que traen por el control y manejo de los recursos para la reconstrucción. Todo esto sería solo una anécdota sino estuvieran los damnificados de por medio. Es un monto por casi 15 mil millones de pesos, abiertamente los integrantes de la Comisión para la Reconstrucción expresaron su malestar porque en un artículo transitorio del Presupuesto de Egresos quedó especificado que el presidente y secretario de la Comisión de Gobierno de la ALDF, es decir Leonel Luna y Jorge Romero, así como el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del órgano legislativo, o sea Mauricio Toledo, van a autorizar, supervisar, vigilar y proponer el ejercicio de los recursos. El primer respingo se dio en la Secretaría de Finanzas, que nunca clarificó en la ALDF durante la comparecencia cuánto dinero destinaría a la reconstrucción; luego ha eludido la responsabilidad de emitir lineamientos para la utilización del Fondo de Reconstrucción, al que estaba obligada por la Ley de Reconstrucción publicada el 1 de diciembre de 2017 y tenía como plazo 15 días. Después, el grupo parlamentario de Morena reclamó que en manos de estos tres diputados estaría el manejo de los recursos de la reconstrucción e interpusieron una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con ese posicionamiento y la fama que carga cada uno de estos tres legisladores, se arrancó la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum para cuestionar el manejo político de los recursos de la reconstrucción. El jefe Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a principios de mes aseguró que no había sustento jurídico para esa decisión, luego la Consejería Jurídica pidió a la ALDF precisar la palabra “autorizar”. El tono subió más cuando los integrantes de la Comisión de Reconstrucción amenazaron con renunciar, Mauricio Merino tomó la batuta y aseguró que se vulneraban las facultades de ese órgano y se violentaba la Constitución de la Ciudad. Pasaron los días y en medio de una fuerte presión, por fin el 14 de febrero la ALDF dijo que era insensato e ignorante asegurar que los diputados tenían interés de un manejo discrecional de los recursos. Reiteraron que el Legislativo no tiene facultades ejecutivas y le devolvieron la pelota a la Secretaría de Finanzas para que las diferentes instancias de gobierno, junto con la Comisión de Reconstrucción ejecuten el Programa de Reconstrucción, mientras ellos serán vigilantes de que el gasto se cumpla como lo establece la Ley de Reconstrucción. Este diferendo en otro momento político pudo resolverse con una conversación, al final cada día es más evidente el distanciamiento entre quienes están en estos dos órganos de gobierno, a ver como llegan el 1 de julio.