Sistema Nacional Anticorrupción

Los cálculos político-electorales de diversos actores han impedido el nombramiento de 60 funcionarios encargados de hacer valer el Sistema Nacional Anticorrupción. Publicada el 27 de mayo del 2015, la reforma constitucional que permitió la creación del Sistema continúa en el debate de senadores de la República aplazando con ello los nombramientos del titular de la Fiscalía Anticorrupción y del titular de la Auditoría Superior de la Federación, autoridades indispensables en la ejecución de la norma como supervisores de los entes públicos federales, y facultadas para iniciar las investigaciones en posibles actos de corrupción y, en su caso, dictar sentencia. El nombramiento del fiscal Anticorrupción ha enfrentado la resistencia de quienes inicialmente aprobaron el procedimiento y que hoy, en el último periodo de la Cámara Alta, exigen una nueva reforma al Artículo 102 constitucional como condición sine qua non para reanudar la designación del fiscal Anticorrupción, del titular de la Auditoría, del titular de la Fiscalía General y de 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre otros funcionarios. Nuestra historia nos define como un país de instituciones, no de iluminados y lo que se busca con la implementación y operación del Sistema Nacional Anticorrupción es mantener supervisión en tiempo real de los recursos públicos que todos los mexicanos generamos con nuestro trabajo, y que se ven mermados por esta indefinición hasta en un 9 por ciento del Producto Interno Bruto, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial. No es un tema de banderas partidistas, tal como lo intentan presentar personajes que compiten por la Presidencia de la República y que reducen la relevancia de la lucha en contra de la corrupción a un reparto de cuotas; es un tema de salud de las finanzas y el ejercicio público; es la oportunidad de emprender una verdadera lucha contra las acciones de actores políticos de todos los colores que han dañado a México. En medio de la vorágine electoral, el único de los precandidatos presidenciales que ha mostrado sensibilidad y entendimiento con este tema es José Antonio Meade, quien propuso un plan de fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Se trata de dar celeridad a los nombramientos faltantes, dar mayor autonomía al Ministerio Público federal con la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y un marco legal del Ministerio Público homologado a nivel nacional en tanto que nueve de cada diez delitos relacionados con la malversación de fondos se comenten en los gobiernos estatales. Una decisión por México o por las causas partidistas es la que deberán tomar los miembros del Congreso en los próximos tres meses. La historia recordará a quienes decidieron luchar por México o por sus propios intereses. Por Dip. Israel Betanzos Cortes Coordinador del PRI en la ALDF