La clase política y la comunidad de inteligencia no se sorprendieron del “escándalo” mediático que armó Ricardo Anaya con justificación del “seguimiento” que le hace el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) a él y los otros candidatos presidenciales.
Para mí el problema de fondo es que el CISEN ha sido utilizado como instrumento político en lugar de enfocarse con energía a prevenir las amenazas a la seguridad nacional. Ricardo Anaya no es una amenaza a la seguridad nacional de México, ni López Obrador, pero ambos son una amenaza para el gobierno actual por las declaraciones fuertes que ambos han expresado sobre la necesidad de romper con los pactos de impunidad y corrupción.
El CISEN no puede desaparecer de la noche a la mañana por decreto presidencial porque tiene responsabilidades de Estado legalmente constituidas en la ley de seguridad nacional, en reglamentaciones internas, tratados internacionales y convenios de colaboración con otros servicios de inteligencia extranjeros.
Sin embargo, la correcta increpación de Anaya al pobre agente -porque dio pena ajena- del CISEN y del que se avergüenza la comunidad de inteligencia profesional, por el burdo trabajo de “seguimiento” y amedrentamiento político, puede dar paso a la transformación institucional de este importante organismo del Estado mexicano.
Amenazar con desaparecer al CISEN provocará el mismo efecto del 2000, cuando Vicente Fox instruyó la evaluación de los 100 días, su debilitamiento institucional, promueve la fuga de los espías políticos que se refugiarán en gobiernos priistas del Estado de México e Hidalgo, y engrosarán las filas de empresas que venden sus servicios de “inteligencia” y espionaje a empresarios, alcaldes y políticos de bajo nivel.
Lo ideal sería replantear la creación de una Agencia Mexicana de Inteligencia con mayores niveles de independencia política de la Secretaría de Gobernación, su titular podría ser ratificado por dos terceras partes del Senado y sus facultades deberían estar exclusivamente delimitadas a las establecidas por la ley.
Entiendo la frustración profesional de muchos servidores honestos que le han dedicado su vida al Estado mexicano en el CISEN. Para ellos la oportunidad de refundar la institución les generará incertidumbre laboral pero saben que ese debe ser el camino de futuro que requiere el país.
No me sorprendería ver fugas de información dentro del CISEN de las operaciones políticas ilegales ordenadas por los jefes de Gobernación y de propios directivos del Centro. Ojalá y se animen a hacerlo en favor de la construcción de instituciones democráticas y profesionales.
Agenda estratégica. Recomiendo el estudio de la empresa de análisis Etellekt sobre la violencia política en México publicado también por El Heraldo de México