A prácticamente dos meses de haber sido promulgada, la Ley de Seguridad Interior es uno de los ordenamientos más impugnados de los últimos tiempos.
Municipios, un gobierno estatal, organismos desconcentrados, ONG y ciudadanos, han interpuesto 650 amparos, cuatro recursos de inconstitucionalidad y 10 controversias constitucionales.
Los argumentos de los inconformes es que invade facultades de la CNDH, se contrapone con la Constitución, vulnera garantías individuales y legitima el uso de la fuerza del Ejército sobre la población civil.
En contraparte, el gobierno, especialistas y militares catalogan la nueva ley como un recurso útil y necesario, porque da certeza jurídica a la actuación las Fuerzas Armadas y permite la intervención del Ejército cuando las fuerzas federales o locales resultan insuficientes.
Por otro lado, el INAI, que comanda Francisco Javier Acuña, impugnó la ley porque encripta toda la información relacionada con la seguridad interior.
Esos, los argumentos a favor y en contra de la ley, son lo que revisa la Suprema Corte para emitir un fallo definitivo en la materia.
Sin embargo, juristas y dirigentes políticos advierten que, por el momento político que vivimos, el máximo órgano judicial lo mantendrá sin modificaciones, tal y como fue promulgado.
Pero hay quienes buscan lucrar políticamente con el tema, como el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien presentó un recurso de impugnación hace dos días.
Se trata de un caso excepcional porque han sido los gobernadores de todos los partidos los que piden la intervención del Ejército en virtud de que sus estrategias han fracasado frente al crimen organizado y sus presupuestos son insuficientes.
Además, no hay policía municipal ni estatal exenta de elementos vinculados con grupos de la delincuencia organizada. Nadie se salva.
Por eso llama la atención que, desde el escritorio, políticos oportunistas se monten en el tema para ganar adeptos y campañas. Que litiguen en los tribunales, no en los medios de comunicación.
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El magisterio se ha convertido en la manzana de la discordia entre Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade.
La ratificación de Juan Díaz, frente al SNTE, fue el colofón de una disputa que mantienen los candidatos presidenciales por un millón y medio de votos de los maestros.
El grupo de Elba Esther Gordillo intentó bloquear a Díaz, mientras su nieto, René Fujiwara, y su yerno Fernando González, operan a favor del tabasqueño para sumarle al ala oficial de los profesores, además de los 100 mil de la disidencia que ya tienen en la bolsa.
Pero por lo visto, el PRI no se quedará de brazos cruzados. Ya logró desactivar a los infiltrados y disidentes del SNTE. Falta ver cómo retienen a los inconformes.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Hay personas que no saben perder su tiempo completamente solas. Son el azote de las personas ocupadas”.