En septiembre de este año iniciará la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión. Todo indica que se tratará de una legislatura donde nuevamente ningún grupo parlamentario tendrá, por sí solo, mayoría absoluta (como sucede desde 1997 en la Cámara de Diputados, y desde el 2000 en el Senado).
Que ningún partido cuente con una mayoría absoluta tiene más ventajas que desventajas. La ventaja más importante es que el Congreso puede cumplir su función de contrapeso frente al Presidente de la República; la falta de mayorías parlamentarias obliga a los partidos a reconocer al oponente como interlocutor, y a veces aliado, para sacar adelante las agendas legislativas.
No obstante, la falta de mayorías en las cámaras también ha conllevado a la exclusión de algunos grupos parlamentarios, particularmente los que tienen un menor número de integrantes. El problema no es que el voto de los grupos más grandes pese más que el voto de los grupos más pequeños, sino que la opinión de los más pequeños sea continuamente ignorada, porque entonces no hay un reconocimiento al adversario, sino un desdén a éste, lo que resulta contrario a la naturaleza misma de la institución parlamentaria.
Es por ello que hemos presentado una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso, que tiene como objetivo el reconocimiento de dos derechos mínimos para todos los grupos parlamentarios: la iniciativa preferente y la solicitud de comparecencia de funcionarios.
En relación con el primer tema, se propone establecer que las iniciativas preferentes no sean solamente las que envíe el presidente de la República con tal carácter, sino también las que presenten con el mismo carácter los grupos parlamentarios.
Respecto del segundo tema, a efecto de hacer más eficaz la implementación de la comparecencia como instrumento parlamentario, se propone que éstas puedan llevarse a cabo incluso como un derecho de los grupos parlamentarios; es decir, que por acuerdo de las cámaras cada grupo tenga el derecho de solicitar, por cada periodo ordinario de sesiones, la comparecencia de algún servidor público, de modo que estas comparecencias no estén sujetas a la voluntad de los grupos parlamentarios mayoritarios, sino que incluso los grupos minoritarios cuenten con esta posibilidad sin que les sea regateado este derecho.
Estamos convencidos de que ambas propuestas tendrían una repercusión positiva en el trabajo legislativo, pues permitiría que el Congreso se pronunciara en breve lapso sobre las propuestas que son prioritarias para cada grupo parlamentario y haría más transparente y democrática la rendición de cuentas, haciendo más incluyente la toma de decisiones en cada cámara, salvaguardando el derecho de las minorías a que sus iniciativas también sean dictaminadas y discutidas ante el Pleno, y ampliando la posibilidad de controlar al gobierno a través de las comparecencias.
DIPUTADO FEDERAL POR EL PAN