La a evolución o creación de cualquier institución de seguridad nacional provoca conflictos de poder al interior de los gobiernos en todo el mundo. Las guerras son por el poder político (acceso a la toma de decisiones estratégicas), poder económico (el presupuesto de las secretarías del gabinete de seguridad ronda los 200 mil millones de pesos), otro factor de poder es el llamado estado de fuerza o número de elementos que tiene una institución y finalmente otro factor en la lucha es por la tecnología, armamento y equipamiento.
Sin embargo, el poder más importante que legitima, asigna responsabilidades y por tanto te da el sustento político, económico y presupuestal es el poder legal. Sin una ley o mandato constitucional, las organizaciones de seguridad quedan en el desamparo normativo para exigir recursos para operar. Es por ello que el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, impulsó sin éxito una ley de seguridad interior para consolidar el poder de las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad. Ahora la guerra política y por los recursos de la nación, que se le asignan a las fuerzas del orden, es por la Guardia Nacional.
La oposición en México (PAN, PRI, PRD y MC) ya demostraron músculo político para impedir cambios constitucionales que requieren más votos de los que tiene la coalición de partidos que apoyan al Presidente. Es una apuesta política arriesgada del nuevo gobierno crear un cuerpo intermedio de seguridad de corte militar a partir de una reforma constitucional. Era mucho más sencillo en términos legales aumentar el estado de fuerza de la Policía Federal (PF), a partir de la Gendarmería Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, les asignas el presupuesto al Ejército y a la Marina para que recluten y entrenen a los integrantes de la Guardia Nacional. Según Alfonso Durazo el estado de fuerza ideal debería rondar entre los 100 a 150 mil elementos. La PF, con la ayuda de la CNDH e incluso con el apoyo de la sociedad civil y las universidades del país, puede ofrecer la capacitación en materia de ciencias policiales y derechos humanos. Lo que es una realidad es que la PF requeriría de una inyección de recursos muy importante, a lo cual se niegan las autoridades del nuevo gobierno porque saben que una parte de sus mandos le tienen cierto grado de lealtad a fantasmas de gobiernos pasados como Genaro García Luna y Miguel Osorio Chong. Por supuesto que lo más rápido y menos costoso era asignar esta tremenda responsabilidad a las Fuerzas Armadas que tienen cinco puntos a su favor: a) disciplina y doctrina militar; b) instalaciones militares en todo el país para entrenar y albergar a esta nueva fuerza intermedia; c) movilidad para el despliegue territorial; d) mandos para dirigir las zonas estratégicas y, e) un estado de fuerza de unos 45 mil policías militares y marinos.
Agenda estratégica: Recomiendo el estudio sobre las jornadas laborales de los policías de Causa en Común: http://causaencomun.org.mx/beta/jornadas-laborales/
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