Haz tu denuncia aquí

Nuestro derecho como país es aprender

El Estado debe garantizar el desarrollo de ambientes de aprendizaje eficaces para cada estudiante

OPINIÓN

·
Las palabras importan. Y cuando hablamos de las palabras consagradas en la Constitución, importan aún más. Son las palabras las que marcan el actuar de las autoridades y las que establecen la base mínima de lo que podemos esperar y exigir en el cumplimiento de nuestros derechos humanos. Por eso, es imprescindible entender cada palabra de lo que ahora se propone en la iniciativa del presidente López Obrador en materia educativa. Uno de los logros más importantes –aunque poco tratado en la conversación pública– de la reforma constitucional de 2013 fue reconocer explícitamente el derecho de cada niña, niño y joven (NNJ) al “máximo logro de aprendizaje”. Con esta frase, por sencilla que parezca, el derecho a la educación en México dio un gran paso hacia delante. Hoy se entiende como el derecho a aprender y la obligación del Estado va más allá de facilitar el acceso a una escuela; el Estado debe garantizar el desarrollo de ambientes de aprendizaje eficaces, que cuenten con las condiciones básicas –maestros formados y acompañados, así como infraestructura, métodos y materiales y organización escolar adecuadas– para asegurar el desarrollo de cada estudiante. La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados que propone derogar esa frase de la Constitución presenta una visión tan limitada del derecho a la educación que implica un retroceso grave en el derecho a aprender. El nuevo texto habla del “interés supremo” de las NNJ de la “impartición de educación” –no de aprender– y hace referencia a un nuevo Servicio de Carrera Profesional del Magisterio que debe “favorecer” –no garantizar– “la equidad educativa, la excelencia de la educación y el desempeño académico de los educandos”. ¿Qué pauta marca este fraseo para las autoridades? ¿Para las y los docentes? ¿Qué podemos exigir como ciudadanos, familias y NNJ? La “excelencia educativa” es bastante general (con tendencia a ser excluyente) y “desempeño académico” implicaría que evaluáramos el cumplimiento de un derecho humano con base en calificaciones escolares. Si mi hija recibe un 10, pero no puede entender lo que lee, ¿se cumple su derecho? Tal vez la evidencia más clara de la “nueva” visión sobre el derecho se encuentra en la propuesta para la Fracción IV: “La educación universal y obligatoria implica el derecho de toda persona a acceder a la educación… El Estado promoverá la inclusión… y establecerá políticas enfocadas a evitar la deserción y fomentar su permanencia”. Es claro que el derecho a la educación no se cumple si dejamos a NNJ fuera de la escuela. Pero años de escolaridad dejan de tener sentido si en ese tiempo no aprendemos, no desarrollamos lo que necesitamos y queremos para ser constructores activos del mundo a nuestro alrededor. Nuestro derecho es a APRENDER y no debemos aceptar menos.  

JENNIFER L. O’DONOGHUE

DIRECTORA GENERAL, MEXICANOS PRIMERO

@JENNODJOD