Uno de los signos de fortaleza de cualquier democracia es la existencia de contrapesos y límites al poder y éstos se dan con el respeto a la división de poderes, con la existencia de órganos autónomos y con una procuración de justicia ajena al Poder Ejecutivo.
En México, la construcción de los contrapesos llevó décadas de lucha democrática. Durante mucho tiempo podríamos definir a nuestro país como “el país de un solo hombre” y después de lograr que el Poder Judicial y el Legislativo fuesen autónomos, después de lograr consolidar organismos autónomos de calidad y después de tener grandes avances para construir una fiscalía autónoma, estamos viendo cómo, en unos cuantos días del gobierno de López Obrador, intentan desmantelar cualquier contrapeso que pudiera sublevarse.
El problema entre el Ejecutivo y el Poder Judicial ha ido escalando día tras día, y mientras la narrativa de Morena quiere llevar a la indignación popular argumentando los altos sueldos, lo que realmente estamos viendo es cómo el Presidente difama al único poder que le puede poner un alto en muchos temas. A esto se suman los ataques al Tribunal Electoral después de no darle la razón a Morena en el caso Puebla y la reacción de López Obrador se puede definir como la del presidente de un partido político, no como la de un presidente de la República.
En la llamada “cancelación de la Reforma Educativa” también se ataca la democracia. Sin ahondar en el contenido de la reforma se puede señalar un punto crucial: se cierra el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, una institución autónoma que se encarga de que la calidad sea el centro del sistema educativo. Con su desaparición lo que se elimina es un contrapeso más, uno que sirve para cuidar el futuro de los niños y jóvenes de México.
Dentro de las reformas a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos propuesta por Morena se invaden las competencias constitucionales autónomas de: el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Banco de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y otros. La intención de las reformas es el control a partir del presupuesto y transgrede la autonomía.
La nueva Fiscalía, que fue detenida el sexenio pasado por no garantizar la autonomía del fiscal, ahora fue aprobada y una vez más, sin un fiscal autónomo. Subordinando la procuración de justicia al Poder Ejecutivo y acabando con la esperanza de decenas de organizaciones y de toda la oposición de consolidar un sistema de justicia en donde la política no tuviera cabida dentro de la justicia. Ahora el fiscal será un empleado más del Presidente.
El ataque constante a los contrapesos y a todos aquellos que se sublevan es un rasgo característico de las dictaduras y el camino de los autoritarios en potencia. Hoy son los órganos constitucionales autónomos y ayer fue el Poder Judicial; ¿Qué sigue mañana? ¿Los medios? ¿Los partidos políticos?
Coordinador del PAN en diputados
@jcromerohicks