Detrás de la insólita rebelión del Poder Judicial contra la ley que pone fin a los millonarios sueldos y prestaciones de la élite que imparte justicia en México, que por vez primera en la historia orquestó protestas en el país, está una coalición de poderes con beneficios mutuos.
Inicialmente el plan de resistencia del Poder Judicial ante la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, consistía en promover amparos de los jueces, vistos como un descaro, pero irrumpió el “frente opositor”, construido por el presidente del PAN, Marko Cortés, para presentar la acción de inconstitucionalidad que garantiza que los privilegios sean intocados.
Antes de la toma de posesión de López Obrador, y luego de designar a Rafael Moreno Valle como coordinador de los senadores del PAN, Cortés rearmó con PRD y Movimiento Ciudadano el frente opositor que apoyó a Ricardo Anaya, pero ahora sumó al PRI.
“El número mágico es 43”, me dijo para referirse al tercio del Senado que puede iniciar acciones de inconstitucionalidad contra leyes, una herramienta contra la mayoría legislativa de Morena.
Pero Cortés no sólo logró los 43, sino 55 senadores, con los 23 de PAN (a excepción de Damián Zepeda), 15 del PRI, siete de MC, cinco del PRD, tres del Partido Verde, el “independiente” Emilio Álvarez Icaza y hasta Alejandra del Carmen León Gastélum, quien se refugió en el PT tras ser suspendida por Morena por el escándalo de lady champaña y ahora coquetea con ser candidata priista a gobernadora de Baja California.
Los coordinadores del “frente opositor” en el Senado fueron aliados en el sexenio de Enrique Peña: Miguel Angel Osorio Chong, como secretario de Gobernación, protegió a Moreno Valle cuando gobernaba Puebla y a Miguel Angel Mancera como jefe de gobierno, un trío con enemigo común: Marcelo Ebrard. En el Senado se sabe que en la elaboración de la acción de inconstitucionalidad intervinieron los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán, quien “ilegalmente” declaró la suspensión que deja sin efecto la ley que nadie duda, por ser parte y juez, será declarada inconstitucional y por tanto las millonarias percepciones en el Poder Judicial seguirán vigentes. A esta trama no es ajeno el fallo del Tribunal Electoral que ratificó el triunfo de la panista Martha Erika Alonso, esposa de Moreno Valle, como gobernadora de Puebla cuyo voto decisivo fue de la presidenta del organismo, Janine Otálora. Junto con el ministro Pardo Rebolledo, Otálora integra el Comité Directivo de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, cuyo presidente, Luis Vega Ramírez, encabezó la protesta contra la Ley de Remuneraciones, que se extendió a varios estados de México.
El “frente opositor” pronto presentará otra acción de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en particular contra los “superdelegados” y las comisiones presidenciales. Ya se sabe cuál será la sentencia.
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