Al finalizar esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, considerado el órgano judicial más grande de Latinoamérica, elegirá a su próximo presidente.
Por última vez, según los tiempos de vigencia de la Nueva Constitución de la capital, será bajo los designios de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
No obstante, un grupo de magistrados y juristas se ha opuesto a la participación en este proceso del actual titular del organismo, Álvaro Augusto Pérez Juárez, en supuesta defensa al artículo 35 de la nueva Carta Magna, a pesar de que el mismo texto constitucional establece en su artículo Décimo Primero Transitorio que éste mismo será válido hasta el primero de junio de 2019.
El argumento de esta oposición está presuntamente sustentado en el artículo Trigésimo Transitorio de la Constitución de la Ciudad de México.
En ese se menciona que “los ordenamientos legales aplicables a la entidad federativa que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de la Constitución continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos que los sustituyan, siempre que no contravengan lo establecido en ésta”.
Sin embargo, los magistrados que están en contra de la candidatura de Pérez Juárez son los mismos que en 2017 decidieron impugnar, vía controversia constitucional, la misma Constitución capitalina en sus artículos 35 y 37, en los que se establece la participación de un Consejo Ciudadano en la vida interna del Poder Judicial, situación que consideran, constituye una invasión de competencias que violenta la autonomía e independencia judicial.
En ese sentido, habría que considerar la incongruencia y contradicción de los magistrados, al pretender que se aplique la Constitución, pero al mismo tiempo se encuentra en proceso de resolución la controversia constitucional interpuesta el año pasado.
La pregunta fundamental en este asunto sería entonces: si los magistrados están de acuerdo con la Constitución de la Ciudad de México y su aplicación ¿desistirían de la controversia a los dos artículos de la misma Constitución?
Si deciden continuar con la impugnación al texto constitucional, deberán estar también de acuerdo en avalar cualquier candidatura en términos de la Ley Orgánica vigente, que es, cabe recordar, la del entonces Distrito Federal.
De no hacerlo así, la conducta de estos juristas sería, evidentemente, incongruente y contradictoria.
Aquilino Vázquez García
DOCTOR EN DERECHO POR LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO