Consulta indígena válida para Tren Maya

Durante siglos, los pueblos indígenas han visto pasar “el progreso” delante de sus ojos. Ahora se pretende que lo vean pasar sobre vías de tren, con el denominado Tren Maya. Más de un millón de indígenas, habitantes en 42 municipios de los estados de Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Campeche se verán beneficiados o perjudicados por el proyecto anunciado por el gobierno entrante. No es un secreto que desde 1971 las tierras de los pueblos mayas han sido ocupadas sin su consentimiento. Se han construido desarrollos turísticos, carreteras, centros de diversión y ciudades completas, pero nadie les preguntó si estaban de acuerdo. Nadie les informó cómo se ocuparían sus tierras, ni tampoco nadie les explicó cómo podrían participar de los beneficios con la construcción de los paraísos turísticos. No queremos que esto se repita. Mayas, choles, tzeltales, tzotziles, nahuas, zapotecos, mames, zoques y qanjobales tienen derecho a ser consultados acerca del proyecto del Tren Maya. Pero no con una encuesta de diez puntos de ‘sí o no’, en la cual sólo hay una pregunta sobre el proyecto del tren. El Convenio 169 de los Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo nos obliga a incorporar la consulta y participación del pueblo indígena. Ninguna institución pública puede excusarse en la falta de norma expresa sobre el derecho a la consulta. Es importante también destacar que dicho convenio está avalado por el artículo 1° de la Constitución Mexicana. El Estado está obligado a hacer partícipe a los pueblos indígenas de los beneficios que reporten las actividades en la construcción del Tren Maya, en la operación y en los beneficios que genere ese proyecto. Los pueblos indígenas esperan y demandan que se cumpla un derecho fundamental: el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado en un proyecto gubernamental que les cambiará su vida, su cultura y sus territorios. Asimismo, debe cumplirse con los requisitos que marca la legislación ambiental, los ordenamientos ecológicos vigentes y tomar en cuenta las afectaciones al uso de suelo, pues no podemos permitir lo que sucedió en Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco, donde fueron desmontadas cientos de hectáreas de selvas y manglares para el proyecto de refinería. Realizar la consulta sobre el Tren Maya es obligado. Es trabajar por y para cumplir los derechos de los pueblos indígenas de México. Es necesario que se cumpla cabalmente con los requerimientos de los tratados y declaraciones internacionales, así como de la legislación nacional. Además, que se atiendan las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México en la materia. Que quede claro, no estoy en contra de la inversión en infraestructura que se traduce en desarrollo, estoy en contra de consultas a modo, en las que se simula la participación de los pueblos indígenas.