Hace unos días, en el Senado de la República discutimos el dictamen que crea la Ley de la Fiscalía General de la República con el objetivo de tener un organismo público autónomo, pero lo aprobado por la mayoría dejó comprometida su independencia, porque a voluntad y conveniencia del Ejecutivo federal se removerá al fiscal, acotándose la libertad en su gestión.
Seguramente en los próximos días se expondrán las deficiencias y omisiones de lo aprobado, algunas de ellas anecdóticas, como cuando vemos que en el dictamen habla del reglamento de la Ley, pero no se indica cuándo se publicará ni quién tendrá la responsabilidad de hacerlo.
Pero en contraste, hay otras preocupantes, como el fin de la Fevimtra (Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas), pues, dentro del esquema de la nueva Fiscalía General, esos delitos de género serán investigados ahora por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y de ahí se desprenderá otra fiscalía para asuntos de mujeres.
El grupo parlamentario mayoritario en el Senado de a República, defendió el fin de la Fevimtra con el argumento de que se contará con una estructura flexible de fiscales, peritos y otros profesionales, que permitirá crear grupos temporales para la investigación de casos específicos.
Desde la oposición nos manifestamos en contra de esa medida; los crímenes en contra de ellas y de las víctimas de trata requieren una constante profesionalización y especialización de todos los operadores del sistema de Justicia, y por ello espero que todas las nuevas fiscalías especializadas en Derechos Humanos cuenten con todo lo necesario para su buen desempeño.
No olvidemos la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a México en el caso “Campo Algodonero”.
En sus disposiciones 8 y 9, señala que debemos estandarizar los protocolos y manuales de investigación de los delitos contra las mujeres con perspectiva de género, así como adecuar los programas para atender las desapariciones, dos actividades permanentes de la Fevimtra, y que hoy no sabemos cómo y de qué forma se realizarán cuando se usen medidas flexibles temporales.
Para garantizar los derechos humanos de las personas, se debe aplicar el principio de progresividad que obliga a no retroceder en lo alcanzado.
Con el fin de la Fevimtra hay regresión en la protección de las mujeres, porque en la nueva Fiscalía no habrá la suficiente especialización del personal para indagar y perseguir los delitos.
Pero, sobre todo, no habrá referencia para que en las entidades federativas tengan la capacidad de atender la violencia de género.
@CLAUDIANAYA