A raíz de un artículo que escribí sobre el falso dilema entre la delincuencia y los derechos humanos, un querido amigo me increpó: “pero a ver Mara, ¿pasa o no, que muchos abogados de delincuentes abusan de los derechos humanos para liberar a sus clientes? Mira, yo he platicado con policías que dicen que es mejor no capturar a los delincuentes porque luego terminan siendo los culpables. Ni modo que les pidan por favor que se entreguen”.
Mi amigo habla con absoluta lógica, sólo que ahí no está el problema, y me voy a permitir explicar por qué.
Es falso que se pueda abusar de los derechos humanos para liberar a culpables, pues lo único que hacen los derechos humanos es protegernos a todos de las posibles arbitrariedades de la autoridad.
Cuando un sistema de justicia no respeta los derechos humanos de las personas, se convierte en una fábrica de culpables.
Si se detiene arbitrariamente a cualquiera sin que exista una investigación; si se permite torturar a los detenidos para que confiesen, violar a las mujeres arrestadas y encerrar a la gente sin pruebas, lo que tenemos es a muchos inocentes en la cárcel.
INEGI (2016), señala que tres cuartas partes de quienes hoy se encuentran en una cárcel, al momento de ser detenidos fueron incomunicados, amarrados, desnudados o amenazados con dañar a su familia, y que dos terceras partes sufrió patadas, puñetazos, lesiones por aplastamiento, quemaduras o violación sexual.
De acuerdo con las últimas estadísticas disponibles de la CNS (2014) 78% de las personas que están en las cárceles mexicanas fueron acusadas por delitos del fuero común y sólo 22% por delitos federales; o sea que la gran mayoría no eran parte de la delincuencia organizada, grandes narcotraficantes o temibles secuestradores, sino delincuentes menores y, encima, pobres.
La Recomendación 16/2018 de la CDHDF dice que 80% de los juicios penales federales son asistidos por defensores públicos gratuitos y no por costosos abogados.
También es falso que la policía deba lastimar a los detenidos.
El uso de la fuerza pública por parte de las policías y fuerzas castrenses se vale, pero no en cualquier caso. El problema es que las policías no están capacitadas para saber cuándo sí y cuando no pueden hacer uso de la fuerza, y en qué medida; de ahí que prefieran no actuar.
¿Se vale torturar a una persona para que confiese un delito? ¿Y si esa persona fuese su familiar? ¿Y si fuera usted? ¿Pensaría que el abogado está abusando de los derechos humanos?
Culpar a los derechos humanos es muy conveniente, pues oculta el verdadero problema. Hace que no nos demos cuenta de que la impunidad se debe a la corrupción, ineficacia y falta de capacitación de las autoridades.
Además, permite utilizar la justicia con fines políticos; da una aparente imagen de eficiencia al detenerse a muchos “delincuentes”; pero en realidad, lo que pasa es que se da pie a que se cometan muchas injusticias.
MARA GÓMEZ PÉREZ
DOCTORA POR LA UNAM,
ESPECIALISTA EN JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS