En marzo del 2017, López Obrador declaró que crearía una guardia nacional para que se “acabe con la tortura y las masacres, para que no se violen derechos humanos y se deje de utilizar al Ejército y la Armada para reprimir al pueblo. Ese será el eje de todo el desarrollo social, serenar al país. Lo social es 90% lo demás, es que haya coordinación entre las corporaciones policiacas, profesionalismo, inteligencia, porque no es un asunto de fuerza, sino de inteligencia, y siguió una cosa muy importante: que no se vincule la autoridad a la delincuencia porque en todo el país no hay frontera, no se sabe dónde termina la delincuencia y dónde empieza la autoridad”. Lo anterior dicho en Veracruz.
En el marco del aniversario del 68, López Obrador señaló que se integraría a las fuerzas armadas y a la Policía Federal en una guardia civil nacional, para que actúe como ejército de paz. Lo anterior, aun y cuando su encargado de la cartera de seguridad, Alfonso Durazo, habría declarado que esto no sería prioridad y que en cambio los esfuerzos se centrarían en el combate a las finanzas del crimen organizado y la coordinación entre las corporaciones policiacas y las fuerzas armadas. Incluso, López Obrador anticipó que en su carácter de comandante supremo de las fuerzas armadas, le haría el planteamiento al Ejército y la Marina, y que presentaría al Congreso la reforma constitucional.
Ahora bien, cuáles son los problemas con este planteamiento: primero, juntar a policías federales, militares y marinos en un mismo cuerpo no es garantía de brindar seguridad y mucho menos paz. Me explico: las fuerzas armadas son instancias que tiene en su génesis proteger al estado, los integrantes de las fuerzas armadas velan por la permanencia del estado y su mandato, doctrina, profesionalismo y equipamiento (infraestructura y armamento), son para proteger al estado.
Segundo, con puntual ligereza se habla de reformas aquí, allá y acullá para el sector seguridad, lo que impera es una opacidad y absoluta falta de transparencia sobre lo que se busca replantear y reorganizar. Las únicas dos cosas en que López Obrador y su encargado de seguridad no se han contradicho es en la creación de una secretaria de seguridad pública y la desaparición del Cisen. Sin embargo, las coincidencias no son garantía de éxito en materia de seguridad.
Tercero, reorganizar las estructuras de seguridad nacional y de seguridad pública –subrayo, que no son lo mismo ni tienen los mismos fines–, demanda una ruta clara de objetivos. Pero las ocurrencias pueden terminar por provocar la implosión final del aparato de seguridad del país que esta agarrado de alfileres. Señalar que el problema de la inseguridad se resolverá sin el uso de la fuerza es una gran irresponsabilidad.
El Estado debe preservar el monopolio del uso de la fuerza y nadie más.
La impunidad se acrecentará si tampoco se escucha a las víctimas, a quienes se les había señalado estar en el centro de la política de paz y, que hoy, el encargado de la seguridad decidió hacer oídos sordos en entidades con violaciones graves de derechos humanos: Morelos, Veracruz, Tabasco, Sinaloa y Tamaulipas.
En suma, la seguridad de cara a la construcción de la paz las señales acumuladas en los últimos días son preocupantes ante un complejo escenario de violencia e impunidad. “Abrazos, no balazos”, no llevará al camino de la paz.
Por Sigrid Artz Colunga
@SIGRIDARZT